Chiapas encabeza la lista nacional en embarazos infantiles con una alarmante tasa de 92 nacimientos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal. El fenómeno, vinculado directamente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, se concentra principalmente en las regiones Norte, Costa y Selva, aunque no es exclusivo de comunidades indígenas.
En total, durante el primer semestre de 2024, 5 mil 112 niñas menores de 16 años se convirtieron en madres en hospitales del estado. Municipios como Juárez reportaron 674 partos infantiles; Ocosingo y Las Margaritas, 264 y 22 respectivamente; mientras que en Tonalá, en la región Costa, se contabilizaron 238 casos.
Las autoridades reconocen que muchos de estos embarazos son consecuencia directa de abusos sexuales cometidos por personas cercanas a las víctimas. “En muchos casos los agresores son familiares: padres, hermanos o primos.
Existe una cifra negra muy alta porque muchos de estos delitos no se denuncian”, admitió el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien señaló que desde mayo se puso en marcha un “Decálogo Humanista” que contempla la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.
En tanto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, aseguró que la entidad está comprometida con una justicia con perspectiva de infancia, tras firmar un convenio de colaboración con Unicef para fortalecer este enfoque.
Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas llegan tarde y no atacan de fondo la raíz del problema. “Cada vez que una niña es madre, es porque falló todo el sistema de protección del Estado mexicano”, advirtió David Meléndez Navarro, del Comité Promotor por una Maternidad Segura. Recordó el caso de una niña de 9 años que dio a luz en 2023 en el municipio de Alcalá, tras ser víctima de violación por parte de su padrastro. “No hubo detención. Nadie se hizo responsable”, lamentó.
Por su parte, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que además de la violencia sexual, prácticas tradicionales como las uniones tempranas en comunidades indígenas también contribuyen al fenómeno. “Los estados tienen la obligación de intervenir, no con cárcel, sino con acciones culturales profundas que prevengan estos embarazos”, subrayó.
El panorama revela no sólo una grave crisis de derechos humanos, sino también la urgente necesidad de una respuesta articulada entre instituciones de salud, justicia y educación para prevenir y atender los embarazos infantiles, que persisten como una de las expresiones más crudas de la violencia de género en México.