Una adolescente que sufrió violencia sexual y cuyo derecho a la interrupción legal del embarazo le fue negado por los servicios de salud de Chihuahua, enfrenta ahora un nuevo obstáculo: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se niega a cumplir con la reparación integral del daño que le fue ordenada por un juez federal.
La jueza tercera de distrito en Chihuahua, Jessica María Contreras Martínez, resolvió a favor de la menor en el juicio de amparo 734/2025-III-2, señalando que las autoridades de salud debieron actuar con urgencia para garantizarle la atención médica. “Ninguna mujer, niña o adolescente tiene que soportar las consecuencias de un delito tan grave como la violación. Por eso, ordené que el daño que sufriste sea reparado de manera integral para que recuperes tu dignidad, tu salud, tu tranquilidad y tu felicidad”, afirmó la juzgadora.
El fallo estableció que tanto la CEAV federal como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Chihuahua debían otorgar las medidas de reparación del daño: rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, conforme a la legislación aplicable.
Sin embargo, el 18 de julio pasado, la CEAV interpuso el recurso de revisión CEAV/DGAJ/3391/2025, argumentando que no le corresponde cumplir con la reparación porque “no fue parte en el juicio de amparo indirecto, ni figuró como demandada en el juicio de origen”. La dependencia sostiene que los efectos del fallo “no resultan favorables a sus intereses” y que por ello es procedente oponerse.
Organizaciones que acompañan el caso, como Red Aborto Seguro Chihuahua, AbortistasMX y México Igualitario, califican la acción de la CEAV como una revictimización. Laura Dorado, de Red Aborto Seguro, señaló que la dependencia federal está obstaculizando el acceso a la justicia de la víctima, cuando su función debería ser protegerla y garantizar la reparación integral del daño.
“Lejos de ayudar a la víctima, están retrasando el proceso y evitando hacer su trabajo. Es indignante que quien debe proteger a las víctimas interponga un recurso contra la sentencia dictada”, denunció Dorado.
La sentencia también instruye a la gobernadora del estado a garantizar que los servicios de salud brinden de manera urgente el aborto por violación, conforme a la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que regula la prevención y atención de violencia sexual, familiar y contra las mujeres.
El caso refleja la resistencia persistente en Chihuahua para otorgar el acceso al aborto, incluso cuando la ley lo permite por violencia sexual, y subraya que las víctimas siguen dependiendo de amparos para hacer valer sus derechos, pese a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohíben criminalizar a las mujeres por ejercer este derecho.
Hasta el momento, la comisión estatal mostró disposición para cumplir la sentencia y contactar a la adolescente, mientras que la CEAV federal mantiene sus recursos legales, retrasando la reparación del daño y dejando a la menor en espera de justicia efectiva.