Tras 20 años de explotación minera a cielo abierto en el ejido de Carrizalillo, Guerrero, los residuos de sulfuros, cianuro y metales pesados persisten como una amenaza ambiental y sanitaria para la comunidad. La temporada de lluvias ha intensificado los escurrimientos de sustancias tóxicas provenientes del complejo minero, donde operó hasta hace poco la empresa canadiense Equinox Gold.
En el territorio, de unas 1,400 hectáreas, se instalaron tajos abiertos, patios de lixiviación y piletas de contención que ahora, sin mantenimiento constante, presentan riesgos de filtraciones. Los óxidos de sulfuros, visibles como aguas arcillosas, se han extendido por caminos y áreas cercanas a viviendas, lo que eleva la posibilidad de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, según reportes técnicos.
El contrato de arrendamiento de tierras entre Equinox Gold y los ejidatarios concluyó el 31 de marzo. Desde el 1 de abril, los habitantes instalaron un plantón para exigir una nueva negociación o el cumplimiento de un cierre ambiental responsable. Mientras tanto, mantienen tomadas las instalaciones y solo permiten el paso de trabajadores encargados de operar las bombas de cianuro, esenciales para evitar derrames.
El método de lixiviación utilizado por la minera permite recuperar apenas el 30 % del oro contenido en las rocas, dejando una carga residual significativa en los patios de procesamiento. La cercanía del complejo a las viviendas, en algunos casos, separadas únicamente por una malla metálica, agrava el riesgo, sobre todo ante posibles fallas en el sistema de bombeo o filtraciones por lluvias.
Expertos que asesoran al comisariado ejidal estiman que aún hay entre 350 mil y 500 mil onzas de oro en los patios de lixiviación, aunque su recuperación sería inviable con el modelo actual. Por ello, han propuesto el uso de tecnologías más eficientes, como una planta de tipo CIL (Carbón en Lecho), que implicaría mayor inversión, pero permitiría un mejor aprovechamiento del recurso y reduciría el riesgo ambiental.
El abandono de las operaciones por parte de la empresa, la falta de pagos por el uso del territorio y los efectos prolongados de la contaminación han dejado a Carrizalillo en un estado de vulnerabilidad. La comunidad, de alrededor de 1,500 habitantes, enfrenta sola los impactos de dos décadas de minería intensiva, en espera de soluciones estructurales por parte de la empresa y las autoridades.