La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional para recortar el gasto de autoridades electorales, congresos locales y municipios, sin modificar el financiamiento a partidos políticos, uno de los puntos más controvertidos de la propuesta original.
Con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, la mayoría oficialista encabezada por Morena sacó adelante el dictamen tras más de 12 horas de debate. La reforma deberá ser avalada por los congresos estatales para su entrada en vigor.
El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que los congresos locales no podrán gastar más del 0.7% de los presupuestos estatales, además de reducir las regidurías en los ayuntamientos a un máximo de 15 integrantes.
También contempla ajustes salariales para funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos locales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al de la presidenta, así como un recorte del 15% al gasto del Senado en un plazo de cuatro años.
Aunque desde el oficialismo se defendió como una medida de “austeridad” y reducción de privilegios, especialistas advirtieron que la reforma no atiende problemas estructurales del sistema electoral, como el financiamiento de los partidos o la violencia política.
Datos de la organización Data Cívica señalan que en el último año 284 funcionarios y políticos fueron asesinados, un fenómeno que quedó fuera del alcance de la iniciativa.
La reforma es resultado de una versión reducida del proyecto original presentado en 2025 por el Ejecutivo, que planteaba recortar recursos a partidos, eliminar senadurías plurinominales y regular el uso de inteligencia artificial en campañas. Sin embargo, la falta de consenso obligó a replantear la propuesta en el llamado “Plan B”, que eliminó los puntos más polémicos.
Entre los cambios descartados también quedó la intención de adelantar la revocación de mandato presidencial, luego de presiones de aliados legislativos.