La violencia que azota la región de Tierra Caliente en Michoacán ha obligado a nuevas familias a abandonar sus hogares en los municipios de Apatzingán, Tuzantla y Zitácuaro.
Enfrentamientos entre grupos criminales, el uso de drones con explosivos y la colocación de minas antipersona han transformado los caminos de la zona en “rutas del horror”, denunció el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán.
Uno de los eventos más recientes ocurrió el pasado 2 de julio en la comunidad de Chandio, ubicada a solo cinco minutos de la cabecera municipal de Apatzingán.
Ese día, presuntamente el cártel de Los Caballeros Templarios realizó un ataque con explosivos utilizando un dron, lo que provocó heridas a un menor de dos años y el desplazamiento de al menos dos familias. El hecho fue considerado por activistas como el atentado más cercano al centro urbano del que se tenga registro hasta la fecha.
El Observatorio, que ha documentado estos hechos en múltiples reportes enviados al Gobierno estatal y municipal, ha advertido que la situación de violencia en comunidades como El Guayabo y El Alcalde se mantiene.
El 25 de junio, en las inmediaciones del Puente del Pitayo, se registraron fuertes enfrentamientos entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco y Los Caballeros Templarios, quienes disputan el control territorial. Estos choques armados han provocado nuevos desplazamientos forzados.
Además, en la comunidad de El Alcalde fueron localizadas y desactivadas por el Ejército mexicano dos minas antipersona, que fueron identificadas previamente por pobladores.
Estos artefactos han causado ya varias víctimas en la región. En abril pasado, dos agricultores, uno herido y otro fallecido, pisaron minas mientras trabajaban en parcelas de limón en zonas rurales cercanas. Desde 2022, el Observatorio ha registrado un aumento en este tipo de incidentes, que en lo que va de 2024 y 2025 suman una decena de muertes.
Las organizaciones locales han advertido también sobre un cambio en los patrones de desplazamiento. Muchas personas optan por no acudir a refugios ni reportar oficialmente su situación, lo que dificulta cuantificar el fenómeno. En cambio, se observa un tipo de “desplazamiento forzado intermitente”, en el que los pobladores abandonan su comunidad temporalmente, regresan por cortos periodos para verificar sus bienes, y vuelven a marcharse ante la persistencia de la violencia.
El problema no se limita a Apatzingán. Entre el 16 y el 22 de junio se documentaron nuevos desplazamientos en Zitácuaro, donde al menos seis puntos de la cabecera municipal fueron escenario de hechos violentos. El 19 de junio, un menor de cinco años falleció y tres miembros de su familia resultaron heridos durante un tiroteo, situación que generó alarma por posibles nuevos desplazamientos.
Asimismo, el 20 de junio se reportó el abandono total de la población Francisco Villa, en el municipio de Tuzantla, debido a la violencia. Medios locales y declaraciones de legisladores estatales han señalado que los habitantes comenzaron a huir desde el 15 de mayo.
En otro caso reportado semanas antes, cerca de 70 personas fueron desplazadas de la Sierra del Capulín, colindante con Morelia, tras ser amenazadas por grupos armados que exigían pagos o adhesión a sus filas.
El Observatorio Regional ha solicitado al Gobierno de Michoacán que reconozca oficialmente estos casos como desplazamiento forzado interno, garantice los derechos de las víctimas y se investigue y castigue a los responsables de estos hechos.
Con información de Manu Ureste, Animal Político.