La Auditoría Superior de la Federación (ASF) colocó al gobierno de Rocío Nahle, en Veracruz, entre los que registran mayores irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la Cuenta Pública 2024. De acuerdo con el informe, se detectaron transferencias sin justificar por más de mil 115 millones de pesos, además de pagos indebidos y documentación incompleta en el uso de fondos federales destinados a salud, educación e infraestructura social.
Las auditorías apuntan a anomalías en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Fondo de Infraestructura Social, recursos que debieron destinarse a obras prioritarias en municipios afectados por carencias básicas. Sin embargo, buena parte de esos montos no cuenta con comprobación o evidencia de aplicación.
El señalamiento llega en un momento crítico para Veracruz, que enfrenta una emergencia por las inundaciones provocadas por los recientes fenómenos meteorológicos que afectaron las zonas de Minatitlán, Coatzacoalcos y Las Choapas. Miles de familias permanecen damnificadas y exigen mayor apoyo estatal ante la insuficiencia de albergues y la lentitud en la entrega de ayuda.
Especialistas advierten que los recursos observados por la ASF habrían sido clave para reforzar obras hidráulicas y de drenaje que pudieron mitigar los daños actuales. “La falta de planeación y la opacidad en el gasto público agravan la vulnerabilidad del estado frente a este tipo de desastres”, señalaron especialistas consultados por medios nacionales.
El informe también incluye irregularidades en pagos a proveedores no identificados y transferencias a cuentas sin destino claro, lo que refuerza las alertas sobre la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos durante el primer año completo de gestión de Nahle como gobernadora.
Mientras tanto, la mandataria veracruzana ha defendido su administración, afirmando que las observaciones forman parte de un proceso normal de revisión y serán solventadas “en tiempo y forma”. Sin embargo, la percepción pública se complica ante una crisis humanitaria que exige resultados inmediatos y claridad en el uso de los recursos.
Con el sur del estado aún bajo el agua, la Auditoría Federal mantiene abiertos varios procedimientos de fiscalización, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales si las anomalías no se justifican adecuadamente.