Los albergues que atienden a migrantes y desplazados por la violencia en Chihuahua, como la Casa del Migrante San Agustín, enfrentan una grave crisis debido a la reducción de donaciones y la falta de apoyo gubernamental, agravada por la incertidumbre económica generada por las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.
Linda Flores, coordinadora del albergue, explicó que las empresas —especialmente las maquiladoras— han dejado de aportar recursos por temor a los efectos de la «guerra comercial» impulsada por Trump. «Antes recibíamos agua y comida, pero este año no ha llegado nada», señaló. Además, criticó que desde el gobierno federal se cancelaron los apoyos a organizaciones civiles durante el sexenio pasado, lo que ha dejado a estos espacios dependiendo casi exclusivamente de donaciones de vecinos y grupos religiosos.
El albergue, que solía albergar entre 15 y 20 personas, ahora opera al 100% de su capacidad con más de 80 migrantes diarios. Entre ellos se encuentran extranjeros varados por el cierre del programa de citas de asilo en CBP One (Customs and Border Protection), la aplicación móvil creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Para gestionar procesos migratorios en la frontera, mexicanos deportados o «autodeportados» por el aumento de redadas del ICEI ( Immigration and Customs Enforcement), en español Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) es la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro de EE.UU. Y víctimas de desplazamiento forzado por el crimen organizado.
Flores hizo un llamado urgente a las autoridades municipales para que condonen servicios básicos como la luz, cuyo costo supera los 100 mil pesos anuales. «O pagamos los recibos o ayudamos a la gente», afirmó. También pidió programas de empleo y vivienda para los desplazados, quienes a diferencia de los migrantes en tránsito, necesitan establecerse permanentemente.
Entre los residentes del albergue está Génesis, una hondureña de 40 años que decidió abandonar su sueño de llegar a EE.UU. después de meses de esperar infructuosamente una cita para solicitar asilo. «Estoy cansada, sin dinero y con ansiedad. Mi nuevo sueño es volver con mis hijas», compartió. Walter, otro migrante hondureño, relató cómo él y su familia intentaron cruzar la frontera tres veces sin éxito, siendo deportados en cada ocasión.
La situación se complica porque muchos migrantes que desean retornar a sus países enfrentan obstáculos. Denuncian que el INM solo los traslada hasta el sur de México, dejándolos lejos de la frontera con Centroamérica. Mientras, la espera por apoyos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) los mantiene atrapados en albergues sobrepoblados y con recursos limitados.
Esta crisis humanitaria refleja el impacto directo de las políticas migratorias de Trump en comunidades fronterizas, donde organizaciones civiles piden ayuda inmediata para seguir brindando refugio a quienes huyen de la violencia o la persecución.