El apoyo financiero del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) podría tener consecuencias graves para la estabilidad fiscal del país, al presionar el presupuesto público y limitar los recursos para sectores clave como salud, educación o seguridad, advirtieron especialistas en finanzas públicas.

Aunque estas medidas han permitido a la empresa estatal atender parcialmente su elevado endeudamiento, los expertos consideran que los resultados son insuficientes y que se requiere una transformación estructural que el Gobierno ha postergado.

“Si Pemex explota, se puede llevar a las finanzas públicas con ella”, alertó Víctor Valdivia Moreno, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM y consultor en finanzas públicas. Lamentó que a la fecha no exista un plan de fondo para sanear a la petrolera y criticó que los apoyos se limiten a medidas paliativas.

Valdivia comparó la relación del Gobierno con la empresa productiva del Estado con “un hijo adulto que vive en casa de sus padres: no tiene incentivos reales para independizarse, por lo que cada vez que tiene problemas financieros, sabe que el Gobierno llegará con el cheque”.

A lo largo de los últimos años, el Gobierno federal ha respaldado a Pemex con reducciones fiscales, como la del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), y mecanismos financieros como las Notas Precapitalizadas (P-Caps), recientemente anunciadas. Estas operaciones evitan registrar deuda directamente en los balances de la empresa y del Gobierno, pero, de acuerdo con los especialistas, también desincentivan reformas estructurales.

César Rivera, analista en energía y medio ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), reconoció que los apoyos han ayudado a contener el crecimiento de la deuda de Pemex y a mejorar su flujo de efectivo, aunque siguen sin ser suficientes para cubrir vencimientos ni fomentar inversión en infraestructura.

“Seguir dando la cara por Pemex implica destinar recursos presupuestales que podrían utilizarse en otros sectores urgentes como el medio ambiente o la atención a desastres naturales”, advirtió Rivera.

Ambos expertos coincidieron en que, sin una transformación radical, la petrolera seguirá siendo una carga financiera para el Estado mexicano, comprometiendo la sostenibilidad fiscal del país en el mediano y largo plazos.