La reciente reforma a la Ley General de Salud, que prohíbe la comercialización, producción y fabricación de vapeadores pero permite su posesión y consumo individual, encendió alertas entre legisladores de Movimiento Ciudadano por el riesgo de fortalecer el mercado ilegal y generar efectos no previstos en la población usuaria.
El planteamiento central: la prohibición absoluta del comercio dejará un nicho de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos sin regulación y en manos de redes clandestinas, lo que podría derivar en productos más riesgosos para la salud y sin controles de seguridad. Legisladores emecistas han insistido que un escenario sin reglas abre paso a mezclas desconocidas y sustancias peligrosas para los consumidores.
“El problema no es solo económico; sin regulación, no sabremos qué sustancias terminan inhalando miles de personas”, advirtió uno de los senadores que votó en contra de la reforma.
Vacíos legales y penas desproporcionadas
La reforma también establece sanciones de hasta ocho años de prisión en ciertas conductas relacionadas con estos dispositivos, penas que algunos legisladores consideran excesivas y que podrían equipararse a delitos graves.
Además, señalaron la ausencia de un límite de posesión personal, lo que deja un área gris: no queda claro desde qué punto una persona podría ser sancionada o cuándo su conducta se consideraría lícita. “No hay un parámetro que defina cuándo se incurre en responsabilidad y cuándo no; ese vacío es un riesgo para cualquier consumidor”, expusieron.
Ambigüedad podría impactar a pacientes y dispositivos médicos
Otro punto que ha generado preocupación es la definición amplia de los dispositivos prohibidos, pues la redacción incluye cualquier aparato que caliente, vaporice o atomice sustancias líquidas, geles o aerosoles.
Expertos han advertido que esta ambigüedad podría poner en riesgo el uso de nebulizadores, inhaladores para asma, humidificadores, difusores aromáticos o purificadores de aire, herramientas esenciales para pacientes con enfermedades respiratorias. Sin una delimitación clara en la ley, médicos y pacientes podrían enfrentar escenarios de inseguridad jurídica.
La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, mientras persiste el llamado a revisar sus alcances para evitar criminalizar a consumidores o afectar tratamientos médicos indispensables.