Con la reconfiguración del Poder Judicial, el control sobre jueces y magistrados podría quedar en manos de gobernadores, partidos políticos y estructuras electorales locales, advirtió Ana Laura Magaloni, coordinadora del Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia.
Durante la presentación del informe «Las primeras 10 lecciones de la Reforma Judicial», Magaloni explicó que, si bien históricamente el poder y el dinero han influido en el sistema judicial, principalmente a través de la Presidencia de la Suprema Corte o los tribunales estatales, la reciente reforma redistribuye esos hilos de control, y deja espacio a una nueva lógica política, más ligada al Ejecutivo federal y a los liderazgos regionales.
“Los gobernadores de Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua son hoy dueños de sus poderes judiciales locales, y eso les garantiza una dosis de impunidad, inclusive frente a las próximas elecciones”, sentenció la académica.
Aseguró que los jueces electos permanecerán nueve años en el cargo, incluso si el gobernador que los impulsó deja el poder, lo que consolidaría estructuras judiciales alineadas con intereses políticos locales.
Con esta reforma, las presidencias de los tribunales pierden fuerza. “Ya no tienen incidencia sobre la administración de justicia ni sobre la carrera judicial. Duran dos años y dejaron de ser cabezas de los Consejos de la Judicatura”, señaló Magaloni.
El informe del Observatorio IBERO también advierte que los nuevos magistrados y jueces tendrán una relación directa con quienes los llevaron a la boleta y los ayudaron a conseguir votos. “¿Quién los puso ahí?, ¿quién les consiguió esos votos?, ¿cuál es su agenda? Todo dependerá de las estructuras que mueven el voto”, sostuvo.
Magaloni concluyó que esta lógica provocará una “territorialización” del Poder Judicial, ya que las decisiones y agendas estarán cada vez más determinadas por fuerzas políticas locales, como ya ocurre en estados como Tamaulipas, Jalisco o Chihuahua.