Tras el relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organizaciones feministas advirtieron que el nuevo tribunal carga con la expectativa de sostener y ampliar los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos que marcaron a la Corte anterior, en particular sobre el acceso al aborto.
“Fue una Corte que se vistió de verde y que estuvo del lado de los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Por eso la deuda que tiene: la Corte que llega va a tener que calzar unos zapatos muy grandes”, expresó Angie Contreras, integrante del movimiento Vivas y Libres en entrevista con medios nacionales.
Durante las últimas dos décadas, la SCJN emitió fallos que marcaron un parteaguas: en 2021 declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en Coahuila e invalidó un artículo de la Constitución de Sinaloa que protegía la vida desde la concepción. Posteriormente ordenó la despenalización en varios estados, resolvió sobre la objeción de conciencia y definió que los servicios de salud deben contar con personal no objetor.
No obstante, activistas recuerdan que aún hay pendientes. En Aguascalientes, el Congreso redujo en 2024 el plazo de despenalización de 12 a 6 semanas, eliminó la categoría de “personas gestantes” y restringió causales, pese a sentencias previas de la Corte. La reforma fue impugnada por la CNDH y la Consejería Jurídica de la Presidencia, y está a la espera de resolución.
“Esta acción de inconstitucionalidad es vital porque sentará precedente: ningún estado debería establecer un límite menor a 12 semanas. Y sobre todo, abriría la puerta para sacar al aborto de los códigos penales y reconocerlo como un tema de salud pública”, sostuvo la activista.
Las organizaciones también apuntan a la falta de políticas efectivas: aunque 22 estados han despenalizado hasta las 12 semanas, persisten obstáculos en la atención, falta de presupuestos, capacitación insuficiente y estigmas en el sistema de salud.
“El papel no basta. Necesitamos que se traduzca en políticas que permitan a cualquier persona acceder sin ser revictimizada”, advirtió Contreras.
Además, urgen a que el Congreso de la Unión retome la iniciativa congelada para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, lo que daría paso a una despenalización en todo el país.
En México, diez entidades mantienen la penalización del aborto, mientras que en las demás persisten dificultades de acceso. Para la Marea Verde, el reto de la nueva Corte no es menor: mantener el camino abierto y evitar retrocesos en un terreno donde los derechos, dicen, siguen siendo objeto de disputa.