La constructora y concesionaria española Acciona, hoy en el centro de una investigación judicial en España por presuntos pagos ilegales a figuras clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), lleva años beneficiándose de jugosos contratos públicos en México, particularmente en el estado de Veracruz, donde opera el servicio de agua potable a través de concesiones entregadas por políticos ahora en Morena.
Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España reveló un entramado de pagos irregulares a través de la empresa Servinabar, ligada al empresario Antxon Alonso Egurrola, para beneficiar a figuras como Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, todos vinculados a las más altas esferas del PSOE. Los documentos detallan cómo Acciona formó parte de un consorcio que recibió contratos en Navarra, y cómo los fondos terminaban, presuntamente, en manos de estos personajes o fundaciones de su entorno.
A la par de este escándalo en Europa, Acciona ha consolidado su dominio sobre el agua en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río gracias a las gestiones del actual senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando fue alcalde de Boca del Río. En su administración, concesionó por 30 años el servicio de agua a la Compañía del Agua de Boca (CAB), de la cual Acciona es el accionista mayoritario. El negocio asciende a 800 millones de euros y afecta a más de 150 mil habitantes, quienes hoy sufren cortes constantes, cobros excesivos y pésima calidad del agua.
Este contrato ha sido señalado por organismos de derechos humanos: en julio de 2024, la CNDH emitió una recomendación (119/2024) en la que responsabiliza al entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, también de Morena, por encubrir el deterioro ambiental y las afectaciones a la ciudadanía causadas por CAB.
Además, el hermano del senador, Fernando Yunes Márquez, como alcalde de Veracruz, también otorgó una concesión del agua a Grupo Mas-Odebrecht, una empresa vinculada a la red internacional de sobornos. Poco antes de las elecciones de 2021, esa empresa fue adquirida por Acciona por 700 millones de pesos, consolidando el monopolio del agua en manos de la compañía española en gran parte del estado.
Mientras Acciona enfrenta investigaciones en Europa por pagos ilegales y sobornos a través de empresas fachada y bares de Pamplona, en México sigue operando sin contrapeso ni consecuencias. A pesar de las denuncias ciudadanas y de organismos como la CNDH, políticos como Bertha Ahued Malpica, candidata de Morena en Boca del Río, apenas han prometido “revisar” la concesión sin comprometerse a revocarla.
La corrupción de Acciona cruza fronteras: en España, con pagos en efectivo, pisos y transferencias para influir en adjudicaciones públicas, y en México, con concesiones otorgadas por familias políticas hoy cobijadas por Morena, como los Yunes. Lo que parece un caso más de sobornos en Europa, en Veracruz se traduce en crisis hídrica, servicios deficientes y opacidad financiera.
