A seis años de que saliera a la luz el esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) apenas ha recuperado el 8% de los 7 mil millones de pesos desviados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La institución informó que obtuvo la reparación del daño por 62 millones 877 mil 192 pesos, monto relacionado con uno de los más de 70 convenios irregulares firmados entre dependencias federales y universidades públicas. La recuperación se dio al inicio de la gestión de Ernestina Godoy como titular de la FGR.
Se trata de un convenio menor frente a otros contratos suscritos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde hubo pagos por 698 millones de pesos para supuesta adquisición de equipo para promotores de la ruta Sin Hambre, o 528 millones para operar ventanillas del programa de Adultos Mayores, servicios que nunca se verificaron.
Pese a que el exfiscal Alejandro Gertz Manero prometió que el caso sería investigado como crimen organizado para desmantelar la red de desvíos, ningún funcionario de alto nivel ha sido procesado penalmente. Sólo operadores de rangos medios han enfrentado juicio.
Incluso Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, pasó tres años en prisión preventiva acusada únicamente de ejercicio indebido de la función pública, pero nunca fue imputada por el desvío multimillonario. Hasta ahora, la FGR tampoco ha esclarecido el destino final de los recursos desviados bajo su gestión.
Los responsables del convenio recientemente resuelto son Ricardo “M”, exdirector general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol, y José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ambos firmaron un contrato que fue subcontratado totalmente con empresas a un costo menor, lo que generó un daño por 62 millones de pesos al erario.
La Fiscalía otorgó beneficios legales a los imputados siempre y cuando garantizaran el pago de la reparación del daño, lo cual derivó en la recuperación del monto. Sin embargo, la dependencia no detalló cuáles eran los servicios que la universidad debía prestar ni el destino de los recursos subcontratados.
La Estafa Maestra fue revelada en 2018 por Animal Político: un entramado en el que 11 secretarías federales y 8 universidades públicas simularon contratos para servicios que nunca se realizaron, desviando miles de millones a empresas fantasma.
Seis años después, el caso continúa sin responsables de alto nivel y con una recuperación mínima frente al monto total desviado.