CIUDAD DE MÉXICO (05/MAY/2025).— Con pañuelos azules, pancartas y consignas que piden reconocer el derecho a la vida desde la concepción, miles de personas se manifestaron este fin de semana en la capital del país durante la llamada “Marcha por la vida”, una movilización convocada por grupos que se oponen a la despenalización del aborto en México.
La movilización avanzó de manera pacífica desde el Monumento a la Revolución hasta las inmediaciones del Congreso local, donde voceras del movimiento provida, entre ellas Silvana Morales y Luisa Argueta, emitieron un posicionamiento en el que acusaron una presunta manipulación en las cifras oficiales de abortos y demandaron “políticas públicas reales” para mujeres embarazadas.
“Este año se cumplen 18 años desde aquella despenalización del aborto en la Ciudad de México, y el saldo es profundamente doloroso: más de 292 mil vidas mexicanas jamás vieron la luz”, expresó Morales durante su intervención.
Las activistas señalaron que el aborto “no ha resuelto” problemáticas como el embarazo adolescente —que sigue ubicando a México como el primer lugar en la OCDE— y afirmaron que esta práctica “revictimiza a las mujeres” en lugar de apoyarlas.
Entre las demandas que expresaron al Congreso capitalino están una reforma constitucional que reconozca la vida desde la concepción hasta la muerte natural, presupuesto para maternidad, adopciones y cuidados paliativos, así como la protección legal de la objeción de conciencia para personal médico.
Los organizadores también pidieron restablecer los informes públicos sobre abortos realizados en la Ciudad de México, al asegurar que hay “opacidad” en los datos oficiales y que en el primer trimestre de 2025, “al menos 6 mil 799 mexicanos fueron asesinados en el vientre materno”.
La marcha ocurre en un contexto de avances legislativos en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Apenas el pasado 9 de abril, el Congreso de Yucatán se convirtió en el número 23 de los 32 estados del país en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, en concordancia con la sentencia de la Suprema Corte que en 2021 declaró inconstitucional penalizar esta práctica.
