El panorama nacional de las desapariciones de personas registró un cambio durante la actual administración federal. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Estado de México se convirtió en la entidad con el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas del país, desplazando a Jalisco, que durante los últimos tres sexenios encabezó esta estadística.
En lo que va del actual sexenio se han contabilizado 20 mil 303 personas desaparecidas y no localizadas en México. De ese total, 48 por ciento de los casos se concentra en seis entidades: Estado de México, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato, estados que actualmente son gobernados por Morena.
El cambio representa un giro respecto a la tendencia observada durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, periodos en los que Jalisco ocupó de manera constante el primer lugar nacional en número de desapariciones.
Según los datos más recientes del RNPDNO, Jalisco descendió al noveno lugar nacional, dejando de encabezar una problemática que durante años colocó a la entidad como el principal foco de atención en materia de desaparición de personas.
Pese a esta modificación en la distribución de los casos, la desaparición de personas continúa siendo uno de los mayores desafíos en materia de seguridad y derechos humanos en México. Miles de familias permanecen en la búsqueda de sus seres queridos, mientras colectivos y organizaciones civiles mantienen la exigencia de fortalecer los mecanismos de localización e investigación.
Especialistas han señalado que el cambio en la concentración de los casos refleja una nueva dinámica del fenómeno a nivel nacional, más que una solución al problema, por lo que consideran indispensable reforzar las estrategias de prevención, búsqueda inmediata, coordinación entre autoridades y procuración de justicia.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas continúa siendo la principal herramienta para dar seguimiento a este delito, que mantiene impacto en prácticamente todas las entidades del país y representa uno de los principales pendientes para las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
