Jalisco dio un paso en la consolidación de una política pública para la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual, luego de que el Congreso del Estado aprobara por unanimidad la Ley para la Atención Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista, una legislación que, además de reconocer derechos, establece mecanismos para garantizar servicios especializados en todo el estado.
El gobernador Pablo Lemus Navarro afirmó que la nueva normativa permitirá fortalecer la atención integral mediante la consolidación de la Red de Centros Regionales de Autismo y Discapacidad Intelectual, considerada la primera de su tipo en el país por el alcance de sus disposiciones.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Jalisco anunció que la red crecerá con la apertura de un nuevo centro regional en Puerto Vallarta, que atenderá a la región Costa. Asimismo, se proyecta que durante 2027 entren en operación nuevos espacios en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, con el objetivo de ampliar la cobertura especializada en distintas regiones del estado.
Actualmente, la red está integrada por dos Centros de Autismo en Zapopan, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual (CADI) en Guadalajara, el Centro Teletón Jalisco y el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual en Tepatitlán de Morelos, que brinda atención a municipios de la región Altos.
Durante el acto, Lemus recordó que esta política pública comenzó hace más de una década en Zapopan y posteriormente se fortaleció en Guadalajara, hasta convertirse ahora en una estrategia estatal respaldada por ley.
«Ahora viene lo que le toca al Gobierno de Jalisco, asegurar recursos suficientes y la coordinación para que esta ley se aplique a cabalidad. El espectro autista es una de las condiciones que más está creciendo en todo el país, y por eso Jalisco va a seguir fortaleciendo la atención para personas con autismo y discapacidad intelectual», señaló.
El mandatario añadió que la administración estatal será responsable de diseñar programas, coordinar acciones interinstitucionales y garantizar el presupuesto necesario para hacer efectiva la nueva legislación.
Además, reconoció el respaldo de Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, así como el trabajo legislativo impulsado por las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, además del consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
«Esta ley se votó por unanimidad. Eso habla muy bien de Jalisco. Aquí se entendió que esta causa está por encima de cualquier partido político», expresó.
Contempla registro estatal y fondo especial
Entre las principales disposiciones de la nueva legislación destaca la creación del Registro Estatal de Personas con Autismo, herramienta que permitirá conocer el número de personas que viven con esta condición, identificar sus necesidades y orientar la planeación de políticas públicas y servicios especializados.
La ley también establece un Fondo Especial para el Autismo, destinado a financiar la operación y expansión de los centros regionales, diagnósticos oportunos, terapias, capacitación de personal, apoyo a familias y programas de inclusión.
Asimismo, contempla la integración de una Comisión Intersectorial, encargada de coordinar acciones entre las áreas de salud, educación, justicia, asistencia social y cuidados.
La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, destacó que la iniciativa surgió tras más de un año de trabajo conjunto entre familias, especialistas, universidades, organizaciones civiles e instituciones públicas.
«A las familias les digo de corazón: no están solas. Esta ley, que nació de su lucha, debe reflejarse en su día a día, en un diagnóstico temprano, en una niña o un niño que recibe apoyo en un centro especializado y en una persona adulta que vive con mayor autonomía», afirmó.
Por su parte, la diputada Mónica Magaña señaló que la legislación coloca los derechos de las personas con autismo y discapacidad intelectual en el centro de las políticas públicas, al garantizar por ley el acceso a diagnósticos oportunos, terapias y atención especializada.
En tanto, la legisladora Gabriela Cárdenas subrayó que la nueva normativa incorpora mecanismos financieros para que los derechos reconocidos puedan ejercerse de manera efectiva mediante recursos permanentes.