El debate sobre la participación de la iniciativa privada en proyectos de agua ha cobrado relevancia en diversas entidades del país. Sin embargo, el Gobierno Federal ha recurrido desde hace varios años a esquemas de asociaciones público-privadas (APP) para desarrollar infraestructura hidráulica de gran escala, en los que empresas participan en la construcción, operación y mantenimiento de las obras, mientras que la propiedad permanece en manos del Estado.
Uno de los casos más representativos es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco, en Hidalgo, considerada una de las mayores de América Latina. El proyecto fue desarrollado mediante una APP de largo plazo, bajo la cual un consorcio privado se encargó del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta, responsable de tratar una parte importante de las aguas residuales generadas en el Valle de México.
En Baja California Sur, el proyecto de Mejoramiento Integral de la Gestión del Agua de Los Cabos contempla la modernización de redes hidráulicas, la reducción de fugas, la rehabilitación de infraestructura y la operación del sistema con participación privada. En esa misma entidad también se impulsa una nueva planta desaladora bajo un modelo de inversión público-privada.
La participación empresarial también se observa en Baja California, donde la planta desaladora de Ensenada fue desarrollada mediante un esquema APP que incluye su construcción, operación y mantenimiento durante un periodo determinado.
En Sonora existen antecedentes similares con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Hermosillo y la desalinizadora Guaymas-Empalme, proyectos ejecutados mediante contratos de largo plazo que asignan a empresas especializadas las tareas de construcción, operación y mantenimiento.
Además de estas obras ya en funcionamiento, el Programa Nacional Hídrico contempla nuevos proyectos estratégicos para fortalecer el abastecimiento de agua en distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran la desaladora de Rosarito, el Acueducto Ciudad Victoria II, la presa Tunal II, así como nuevos acueductos para Campeche, Colima, Guanajuato y Veracruz.
Varios de estos proyectos consideran la participación de inversión privada en distintas etapas de su desarrollo, principalmente en la construcción, operación o mantenimiento de la infraestructura.
Los antecedentes muestran que las asociaciones público-privadas han sido una de las herramientas empleadas por el Gobierno Federal para desarrollar infraestructura hidráulica de gran escala, particularmente en proyectos que requieren inversiones multimillonarias y esquemas de operación especializados a largo plazo.