Profesor Roberto Bobadilla.
Cuando se analiza el conflicto entre el gobierno y los trabajadores de la educación sobre la reforma del ISSSTE de 2007, hay un hecho difícil de ignorar: los trabajadores tienen razón en el fondo de su reclamo.
No porque las finanzas públicas no importen, sino porque la seguridad social existe precisamente para brindar certeza después de toda una vida de trabajo. Si un maestro, una enfermera o cualquier servidor público cotiza durante décadas y aun así enfrenta la posibilidad de una pensión insuficiente, es válido preguntarse si el sistema realmente está cumpliendo su propósito.
El gobierno argumenta que revertir la reforma tiene un costo muy elevado. Es cierto. Pero también es cierto que los presupuestos reflejan prioridades. Los recursos públicos siempre son limitados; la diferencia está en decidir para qué se utilizan.
Por eso, el debate no debería centrarse en si existe o no un problema pensionario. Ese problema es real y el propio gobierno lo ha reconocido al buscar mecanismos para complementar las pensiones. La verdadera discusión es si el Estado está dispuesto a asumir como prioridad la construcción de un sistema más justo para quienes dedicaron su vida al servicio público.
Las finanzas son importantes. La dignidad de quienes trabajaron toda una vida también.
Si hoy se nos dice que derogar la reforma del ISSSTE de 2007 es inviable porque no hay recursos suficientes, entonces surge una pregunta incómoda:
¿Durante la campaña se prometió algo que ya se sabía que no se cumpliría?
¿O sí era posible hacerlo, pero una vez en el gobierno se decidió destinar esos recursos a otras prioridades?
En otras palabras:
¿Fue una promesa para ganar simpatías y votos, o un compromiso que terminó relegado por decisiones políticas posteriores?
Los trabajadores merecen una respuesta clara, porque entre una promesa incumplida y un cambio de prioridades hay una diferencia importante… pero en ambos casos la expectativa generada fue la misma.
¿Qué opinas?
