A más de tres décadas de las explosiones del 22 de abril de 1992, las víctimas de una de las mayores tragedias urbanas del País enfrentan una nueva batalla: la falta de recursos para su atención médica y apoyos básicos, mientras Pemex sigue sin cumplir con su responsabilidad financiera en el fideicomiso creado para respaldarlas.
En un mensaje difundido en redes sociales, donde también apareció Sonia Solórzano, representante mayoritaria de las víctimas, el Gobernador Pablo Lemus señaló que actualmente solo el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco aportan recursos al fondo, mientras la paraestatal permanece ausente.
De mantenerse esa situación, los recursos disponibles podrían agotarse en septiembre de este año, lo que dejaría en incertidumbre a decenas de afectados que dependen del fideicomiso para tratamientos médicos, apoyos económicos y seguimiento especializado.
Ante ese escenario, Lemus aseguró que el Estado garantizará su parte de los recursos y adelantó que enviará una iniciativa al Congreso de Jalisco para blindar legalmente el respaldo a las víctimas.
La falta de aportaciones de Pemex, señalaron afectados, no es un problema reciente. De acuerdo con testimonios, la empresa estatal acumula cerca de 20 años sin cumplir plenamente con sus obligaciones dentro del fideicomiso, lo que ha provocado rezagos permanentes.
Las explosiones del 22 de abril dejaron una profunda herida en Guadalajara, con cientos de muertos, lesionados y daños materiales en amplias zonas de la ciudad. Para las víctimas, el abandono institucional representa una segunda tragedia.
Durante su gestión como Alcalde de Guadalajara, el propio Pablo Lemus impulsó la asignación anual de 4 millones de pesos para fortalecer este fondo de apoyo.
