La ex diputada local y ex funcionaria municipal de Nuevo León Karina Barrón, obtuvo su libertad luego de que un juez autorizara la suspensión del proceso penal en su contra mediante un acuerdo reparatorio dentro del caso por falsedad de declaraciones y extorsión.
La resolución, alcanzada en audiencia este jueves, establece que el proceso quedará suspendido por 18 meses, periodo durante el cual la imputada deberá cumplir diversas condiciones para evitar que el caso continúe en tribunales.
Como parte del acuerdo, Barrón deberá pagar 3 millones 223 mil pesos como reparación del daño, mediante mensualidades de 173 mil pesos a partir del 30 de marzo.
Además, estará obligada a emitir disculpas públicas en redes sociales, no podrá ocupar cargos públicos, incluidos los de representación proporcional, y tendrá prohibido referirse al caso o tener contacto con el senador de Morena, Waldo Fernández.
El juez también ordenó que la ex legisladora participe en una campaña de prevención de denuncias falsas, así como cumplir con 30 horas de servicio social en instituciones públicas o de beneficencia.
Se fijó el 13 de octubre de 2027 como fecha para una audiencia de verificación, en la que se evaluará el cumplimiento total del acuerdo.
Al término de la audiencia, el senador Waldo Fernández sostuvo que el caso en su contra derivó de una denuncia fabricada, y acusó la participación de autoridades estatales.
“Mi intención es llegar hasta las últimas consecuencias… tendrá que venir a declarar el Ministerio Público que recibió la denuncia”, afirmó.
El legislador también cuestionó la actuación de la Fiscalía al señalar que no se realizaron peritajes pese a la gravedad de los señalamientos.
Barrón fue detenida el 1 de marzo de 2026 e ingresó al Penal de Escobedo un día después. El 7 de marzo, un juez la vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva, medida que se mantuvo vigente hasta la audiencia en la que se resolvió su liberación.
Durante la diligencia, una mujer identificada como Débora ‘N’, quien presentó la denuncia por abuso sexual contra el senador, declaró que no lo conocía personalmente. En tanto, quien fungió como su abogado reconoció no contar con cédula profesional y aseguró haber actuado bajo presión.