Mientras México invierte miles de millones para recibir la Copa del Mundo, madres y padres buscadores denuncian abandono institucional y planean visibilizar la crisis de desapariciones durante el torneo
México se prepara para recibir uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta: el Mundial de 2026. Pero para decenas de familias de personas desaparecidas, la fiesta del fútbol coincide con una herida abierta. Desde la zona del Ajusco, en la Ciudad de México, familiares de jóvenes desaparecidos anuncian que llevarán su protesta al escaparate global del torneo para denunciar lo que consideran indiferencia del Estado frente a la crisis de desapariciones.
“No jueguen con nuestro dolor”, advierten en mantas y consignas que ya preparan para cuando el país reciba a selecciones y visitantes de más de 40 países. El reclamo apunta a una contradicción que consideran insostenible: miles de millones destinados a infraestructura para el Mundial, mientras sus casos siguen sin avances reales.
En México más de 130.000 personas están desaparecidas, según registros oficiales. A ello se suman al menos 70.000 cuerpos sin identificar en servicios forenses, una impunidad cercana al 99 % y 34 personas buscadoras asesinadas o desaparecidas desde 2010, de acuerdo con organizaciones civiles.
En contraste, las tres sedes mexicanas del Mundial, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, recibirán entre 1.500 y 2.000 millones de pesos en obras de movilidad cada una para albergar los 13 partidos que se disputarán en el país durante tres semanas de torneo. Mientras tanto, el gobierno federal ha destinado entre 1.100 y 1.200 millones de pesos anuales a la búsqueda de personas en los últimos tres años.
El reclamo de las familias tiene un epicentro: el Ajusco, una extensa zona boscosa al sur de la capital que, denuncian, se ha convertido en un foco rojo de desapariciones.
Vanessa Gámez lo sabe bien. Su hija, Ana Amelí García Gámez, desapareció el 12 de julio de 2025, cuando tenía 19 años. Había salido a caminar por la montaña con permiso de sus padres. Nunca volvió.
“Nos dijeron que Locatel no hacía búsquedas y que levantáramos un reporte presencial”, recuerda. Aquella misma noche, asegura, las autoridades les impidieron ingresar al bosque para buscarla.
Han pasado ocho meses desde entonces. En ese tiempo, dice, solo ha recibido respuestas repetidas: “estamos investigando”, “tenemos personas de interés”, “no podemos presionarlos”. Para ella, los protocolos de búsqueda existen solo en papel.
“No siguieron el Protocolo Alba ni hubo perspectiva de género”, denuncia.
Ana Amelí era estudiante de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Antes había cursado un año de Biología y planeaba cambiarse a Fisioterapia. Su desaparición se suma a otras ocurridas en el mismo lugar.
En una manta roja que su madre ha preparado para las protestas aparecen tres rostros:
Olin Hernando Vargas Ojeda, desaparecido el 26 de noviembre de 2024;
Ana Amelí García Gámez, el 12 de julio de 2025;
y Luis Óscar Ayala García, cuyo rastro se perdió el 16 de septiembre de 2025.
Todos desaparecieron en la misma zona del Ajusco.
“El Ajusco es tierra de nadie”, sostiene Gámez. “Hay comunidades que dicen que las autoridades no pueden entrar. Eso lo vuelve un lugar donde la ley no existe”.
El caso de Olin Hernando Vargas, estudiante de Ingeniería en Minas en la UNAM, refleja lo que las familias describen como fallas estructurales en la investigación.
La madrugada del 27 de noviembre de 2024, su padre recibió un mensaje exigiendo millones de pesos por su liberación. Poco antes, el joven había sido secuestrado en el Valle del Tezontle, en el Ajusco.
Su padre, Fernando Vargas, relata que la policía se negó inicialmente a ayudar. Cuando encontraron la camioneta del joven, chocada contra unas piedras, todo indicaba que había intentado escapar antes de ser capturado.
La denuncia formal no fue aceptada hasta el 9 de diciembre, casi dos semanas después. Durante el proceso, aseguran, se perdieron evidencias clave, entre ellas un fragmento de la camiseta del joven.
“La investigación es deficiente. No tienen herramientas para rastrear a los criminales, ni tecnología para seguir la comunicación digital, que hoy es donde operan”, denuncia Vargas.
Dos personas están en prisión preventiva por el secuestro, pero el paradero del estudiante sigue siendo desconocido.
Ante la falta de resultados, varias familias decidieron internacionalizar su reclamo. El caso de Ana Amelí incluso motivó una acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y posteriormente una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero hasta marzo de 2026, aseguran, no hay avances sustantivos.
Por eso planean aprovechar la atención mediática del Mundial. En sus pancartas aparece ya el mensaje en inglés:
“#Don’tPlayWithOurPain, we need our children back”
(No jueguen con nuestro dolor, necesitamos a nuestros hijos de vuelta).
“Queremos que el mundo sepa que México tiene una crisis de desapariciones”, dice Vanessa Gámez. “Que nuestras autoridades reconozcan que el crimen las está rebasando y que los recursos se destinen a lo que realmente importa”.
Para las familias, la ecuación es clara: mientras el país se prepara para celebrar el fútbol, ellos siguen esperando lo mismo desde hace meses o años.