La esperada reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México avanza en el Congreso, pero lo hace con alcances más limitados de lo que originalmente se planteó. La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece un proceso gradual que iniciará en 2027 y concluirá hasta 2030, sin fijar de manera obligatoria dos días de descanso para los trabajadores.
De acuerdo con el planteamiento oficial, la reforma no establece que el descanso semanal deba extenderse a dos días ni que estos correspondan necesariamente al sábado y domingo. En su lugar, propone un esquema de flexibilidad en el que los empleados deberán “negociar” con sus empleadores la distribución de las 40 horas laborales, ya sea en cinco o seis días a la semana.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, defendió esta postura al señalar que la intención es favorecer a los trabajadores mediante acuerdos adaptados a cada sector productivo. Argumentó que la diversidad de actividades económicas hace inviable una disposición rígida sobre los días de descanso.
En este contexto, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confirmó que la mayoría legislativa analiza aprobar la reforma al artículo 123 constitucional en los términos propuestos por el Ejecutivo. Tras una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo, el legislador sostuvo que imponer dos días obligatorios de descanso podría beneficiar a ciertos sectores, pero afectar a otros con dinámicas laborales distintas.
Las comisiones del Senado iniciarán el análisis del dictamen el próximo martes, lo que marcará el arranque formal de la discusión legislativa de una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años.
Sin embargo, los términos de la propuesta han generado críticas desde la oposición y organizaciones sociales. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la reforma como “una simulación” y un “engaño a la clase trabajadora”, al considerar que no cumple con la expectativa de garantizar dos días de descanso semanal.
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano advirtió que la iniciativa podría mantener intacta la dinámica de seis días de trabajo, lo que, en los hechos, limitaría el impacto del cambio constitucional.
Movimiento Ciudadano también expresó su rechazo. Su coordinador parlamentario, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que la reforma ofrece “gato por liebre” y no amplía de manera efectiva los derechos laborales. El partido llamó a priorizar a los trabajadores, a quienes definió como el motor económico del país.
A estas críticas se sumó el Frente Nacional por las 40 Horas, que calificó la iniciativa como regresiva. La organización alertó que el proyecto elimina referencias explícitas a sanciones para evitar abusos patronales y advirtió que el nuevo esquema podría derivar en condiciones de precarización laboral más severas que las actuales.
Mientras el Congreso se prepara para debatir la reforma, el debate público se centra en si la reducción de la jornada laboral representará un avance real en la calidad de vida de los trabajadores o si quedará sujeta a negociaciones individuales que diluyan su alcance.