El veto del gobernador Samuel García al paquete fiscal 2026 detonó un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Congreso de Nuevo León, pero la intervención de la dirigencia nacional de Morena y su alianza con las bancadas del PRI y el PAN reconfiguraron la negociación del presupuesto más alto en la historia del estado, superior a 160 mil millones de pesos.
La confrontación escaló luego de que el mandatario estatal rechazara el paquete aprobado por la mayoría legislativa, inconforme con los recortes a deuda, impuestos y márgenes de gasto discrecional, lo que dejó al estado en un escenario de incertidumbre presupuestal.
La diputada priista Lorena de la Garza Venecia, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, afirmó que el veto forma parte de un patrón recurrente del Ejecutivo. “El gobernador siempre ha sido muy renuente a que el Congreso ejerza sus facultades de modificar su propuesta. Año tras año es lo mismo”, sostuvo.
El punto de quiebre, explicó, fue la negativa legislativa a ampliar el margen financiero del Gobierno estatal. El Congreso recortó o eliminó propuestas para incrementar la deuda, aumentar en 33% el Impuesto Sobre Nómina, elevar más de 200 derechos y crear nuevos gravámenes, como el impuesto a las emisiones de CO₂, además de una reforma al Código Fiscal que, dijo, otorgaba facultades excesivas a la autoridad estatal.
De la Garza Venecia subrayó que la decisión respondió a criterios técnicos, políticos y de demanda ciudadana, al advertir que Nuevo León es uno de los estados con mayor deuda per cápita. “El semáforo está en verde porque se ha autorizado deuda para pagar pasivos; sin ella, estaría en rojo”, señaló.
No obstante, el escenario cambió tras la visita a Nuevo León, el pasado 4 de febrero, de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien planteó cinco condiciones para respaldar el presupuesto desde el Legislativo:
- Asignar recursos para la pensión universal a personas con discapacidad, incluyendo a quienes tienen entre 30 y 64 años.
- Cancelar el aumento a las tarifas del transporte público, incluido el Metro.
- No a la deuda y no al incremento de impuestos.
- Garantizar, mediante un fondo, el pago a los municipios, sin politización.
- Reducir 50% el gasto en imagen, viáticos y oficina del gobernador, además de eliminar el gasto en consultoría.
Durante una conferencia en Monterrey, Alcalde cuestionó que la oficina del gobernador solicitara mil 600 millones de pesos. “¿En qué se gastarían esos recursos? Ni pidiendo caviar todos los días”, ironizó. También criticó la solicitud de más de 60 millones de pesos en viáticos internacionales, al considerar que no se trata de una prioridad.
La propuesta de Morena encontró coincidencias con PRI y PAN, lo que derivó en una nueva sesión de la Comisión de Presupuesto el 5 de febrero. De acuerdo con De la Garza Venecia, los diputados morenistas mostraron disposición y varios planteamientos fueron aprobados por mayoría; Movimiento Ciudadano y el Partido Verde se abstuvieron.
El siguiente paso será el ajuste técnico de los rubros, para posteriormente someter el dictamen a votación en comisión y turnarlo al Pleno, donde se requerirá al menos 28 votos para su aprobación. De no concretarse, el estado operaría con el presupuesto anterior, lo que —advirtió— pondría en riesgo compromisos clave, incluido el Mundial.
La legisladora aseguró que el proyecto contempla los rubros prioritarios sin necesidad de endeudamiento y llamó al Ejecutivo a administrar responsablemente los recursos. Añadió que existen mecanismos de transparencia, razón por la cual el Congreso ha decidido no desaparecer el Instituto de Transparencia local.
Finalmente, De la Garza Venecia exhortó al gobernador a cogobernar y evitar prácticas para frenar la publicación del presupuesto en el Periódico Oficial. En respuesta, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que el Ejecutivo respetará la decisión del Congreso y pidió que cualquier resolución sea “por el bien de Nuevo León”.