La agresión armada contra el diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, ocurrida el fin de semana pasado en Sinaloa, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas que han mantenido una postura crítica frente a gobiernos emanados de Morena, un patrón que recuerda el caso del alcalde independiente de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado tras exigir resultados y denunciar omisiones oficiales.
Torres había pronunciado días antes un duro posicionamiento en el Congreso del Estado contra el gobierno de Rubén Rocha Moya, al analizar su tercer informe de labores. En su intervención, el legislador sostuvo que la administración estatal presume avances que “en los hechos hace poco”, y acusó una profunda deuda en materia de seguridad pública, en medio de un clima de violencia que, dijo, ha paralizado la vida cotidiana de amplias zonas del estado.
“El paisaje de Sinaloa es desolador y triste, doloroso e injusto”, expresó Torres desde tribuna, al describir cierres de comercios, suspensión de clases, miedo en espacios públicos y privados, así como la imposibilidad de que cuerpos de emergencia operen con normalidad. También reprochó lo que calificó como una respuesta gubernamental basada en la negación de la realidad, la frivolidad y la confrontación con distintos sectores sociales.
El ataque armado contra el legislador ocurrió días después de este posicionamiento y ha sido interpretado por su partido como una agresión vinculada a su papel como opositor político en un contexto de alta tensión. Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez, ha señalado que Torres ha sido una de las voces más firmes contra el deterioro de la seguridad y la falta de empatía del gobierno estatal frente al sufrimiento de la población.
El caso guarda similitudes con el del alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado tras elevar las críticas públicas a autoridades de Morena, lo que ha encendido alertas sobre las condiciones de seguridad para representantes populares que ejercen oposición y fiscalización del poder en distintas entidades del país.
Aunque las investigaciones oficiales continúan y no se ha establecido una línea concluyente sobre los móviles del ataque, el contexto político previo a la agresión ha generado preocupación entre actores políticos y organizaciones civiles, que advierten sobre un clima cada vez más hostil para la disidencia y la crítica institucional.
Desde Movimiento Ciudadano, Sergio Torres había afirmado que su partido no desea el fracaso del gobierno estatal, sino que “le vaya bien a las familias sinaloenses”, pero subrayó que el derecho a vivir en paz y con seguridad sigue siendo una deuda pendiente. Hoy, su agresión coloca nuevamente el foco en los riesgos que enfrentan quienes alzan la voz frente al poder en un escenario marcado por la violencia y la polarización.
