La violencia que atraviesa Sinaloa volvió a golpear al sector productivo. Diez trabajadores vinculados a un proyecto de la minera canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados por un grupo armado en el sur del estado, un hecho que encendió alertas tanto en la industria minera como entre autoridades locales.
El secuestro ocurrió la madrugada del viernes pasado, en la comunidad de Pánuco, municipio de La Concordia, donde se localiza el complejo minero. De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, los trabajadores se encontraban en la vivienda donde se alojaban cuando hombres armados irrumpieron y se los llevaron por la fuerza.
Vizsla Silver confirmó los hechos este miércoles a través de un breve comunicado publicado en su portal oficial. La compañía informó que las autoridades locales ya fueron notificadas y que se activaron equipos de gestión de crisis para atender la situación.
Como medida preventiva, la empresa decidió suspender temporalmente algunas actividades en el complejo minero y en zonas aledañas, mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades no han precisado la nacionalidad de las víctimas, aunque reportes periodísticos indican que la mayoría de los trabajadores serían originarios de Sonora.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su preocupación por el secuestro y urgió a las autoridades a realizar las acciones necesarias para garantizar el regreso con vida de los trabajadores.
“El llamado es a que se actúe con prontitud y coordinación para salvaguardar la integridad de las personas afectadas”, señaló la organización en un posicionamiento público.
El secuestro ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, atribuida a las pugnas internas del Cártel de Sinaloa, que desde 2024 han recrudecido los enfrentamientos en distintas regiones del estado.
De acuerdo con cifras difundidas por medios nacionales, este escenario ha dejado más de 1,700 personas asesinadas y casi 2,000 desaparecidas, convirtiendo a la entidad en uno de los focos rojos de seguridad en el país.
Mientras continúan las investigaciones, el paradero de los diez trabajadores sigue sin confirmarse, sumando un nuevo episodio de incertidumbre a una región marcada por la violencia y la fragilidad del estado de derecho.