La Secretaría de Marina (Semar) mantiene el pago parcial de salarios a integrantes de alto rango vinculados con el caso del huachicol fiscal, a pesar de que uno de ellos se encuentra prófugo y otro recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
De acuerdo con información proporcionada por su defensa, el contralmirante Fernando Farías Laguna recibe 30% de su sueldo por parte de la Marina, aun cuando enfrenta una orden de aprehensión por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles.
De acuerdo a una en entrevista publicada por el diario Animal Político, el abogado Epigmenio Mendieta explicó que el pago deriva de un amparo promovido contra el procedimiento de baja, mediante el cual un juez concedió una suspensión definitiva.
“Que no se le diera de baja en cuestión de seguridad social. Esta figura jurídica la conocemos como el mínimo vital, porque salvaguarda los derechos de la familia”, señaló el litigante. Añadió que el objetivo es garantizar el sustento básico y el acceso a servicios médicos mientras se resuelve la situación jurídica.
En el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra privado de la libertad en el Altiplano, su defensa aseguró que recibió parte de su salario hasta el mes de septiembre, en tanto no se definía formalmente su procedimiento de baja dentro de la institución naval.
Ambos militares son hermanos y sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha añadido un componente político al caso.
El despacho defensor subrayó que se trata de militares de carrera, pertenecientes a la milicia permanente, por lo que su situación no puede equipararse a la de un trabajador civil ni resolverse de manera anticipada.
Recordó que la presunción de inocencia, establecida en el artículo 20 constitucional, obliga a considerar inocente a toda persona mientras no exista una sentencia condenatoria firme, principio que tiene efectos no sólo penales, sino también administrativos y laborales.
Asimismo, precisó que la prisión preventiva tiene un carácter cautelar y no punitivo, por lo que no implica automáticamente la pérdida de derechos laborales o patrimoniales, criterio que —afirmó— ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las autoridades federales informaron que el caso forma parte de un operativo de gran escala que derivó en la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías, por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al tráfico y comercialización ilegal de combustibles.
La investigación inició hace casi dos años, luego de que el entonces titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán, presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades detectadas al interior de la institución.
A partir de ello, se conformó una indagatoria conjunta entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia Semar, que permitió identificar una red con participación de empresas privadas, agentes aduanales y funcionarios públicos.
La investigación se intensificó tras un operativo realizado en marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde se aseguraron más de 10 millones de litros de diésel, además de 190 contenedores, tractocamiones y remolques.
De manera paralela, la UIF detectó movimientos financieros atípicos, como depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles, vehículos de lujo y pólizas de seguro por montos considerados incongruentes con el perfil de los investigados, lo que dio sustento a las órdenes de captura.
Mientras el proceso penal avanza, el caso ha abierto un debate sobre los alcances legales del pago de percepciones a militares procesados y el delicado equilibrio entre la presunción de inocencia y la responsabilidad institucional frente a delitos de alto impacto.