Aun desde una celda de máxima seguridad, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna libra una batalla paralela a la penal: evitar su baja de la Armada de México. El mando naval, preso desde septiembre pasado por presuntamente encabezar una red de contrabando de combustibles y huachicol fiscal, ha recurrido a los tribunales federales para impugnar el procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de Marina (Semar).
La Oficialía Mayor de la Semar abrió el 21 de octubre un proceso para dar de baja del servicio activo al vicealmirante, quien se encuentra recluido desde el 2 de septiembre en el penal federal del Altiplano, acusado de liderar un esquema de corrupción en aduanas marítimas.
Lejos de aceptar la salida institucional, Farías Laguna decidió pelear su permanencia en filas navales mediante recursos legales.
El primer intento ocurrió el 18 de noviembre, cuando un juez federal, Francisco Javier Rebolledo, desechó por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por la defensa del vicealmirante contra el inicio del procedimiento administrativo.
No obstante, el 5 de enero, sus abogados presentaron un nuevo amparo, ahora dirigido específicamente contra su baja del servicio activo. Tres días después, el juez Ulises Rivera turnó el expediente nuevamente al juez Rebolledo, al considerar que, por antecedente, le corresponde conocer del caso.
La resolución de este segundo recurso aún está pendiente, mientras el proceso administrativo interno sigue su curso.
A Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, se le señala como presunto líder de una red de marinos infiltrados en las aduanas, que habría facilitado el ingreso ilegal de combustible a territorio nacional.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2024 y 2025 se permitió el desembarque de al menos 31 buques con combustible de contrabando en los puertos de Altamira y Tampico, dos puntos estratégicos del Golfo de México.
El caso también involucra a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue acusado por los mismos delitos, aunque permanece prófugo y no ha sido capturado por las autoridades.
El proceso contra el vicealmirante se ha convertido en uno de los escándalos más delicados para la Secretaría de Marina, al involucrar a mandos de alto rango en delitos vinculados al huachicol fiscal, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Mientras enfrenta cargos penales y un proceso administrativo de expulsión, Farías Laguna busca conservar su estatus como miembro activo de la Marina, una disputa que pone bajo escrutinio los mecanismos de control interno y depuración dentro de las Fuerzas Armadas.