La violencia de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) llevó al gobierno de Guatemala a activar una de las medidas más severas de su marco legal. El presidente Bernardo Arévalo decretó este domingo estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días, luego de una serie de ataques armados contra la Policía Nacional Civil que dejaron al menos ocho agentes muertos y provocaron motines simultáneos en tres cárceles del país.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, Arévalo justificó la decisión como una acción para “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, y subrayó que permitirá emplear toda la fuerza del Estado, particularmente a la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala, para frenar lo que calificó como acciones terroristas de las maras.

“El Estado actuará con firmeza para impedir que estos grupos criminales sigan sembrando miedo y muerte”, sostuvo el mandatario, quien aseguró que la medida no interfiere con la vida cotidiana de la población ni con el funcionamiento regular de las instituciones.

El estado de sitio, que deberá ser ratificado por el Congreso, dominado por fuerzas opositoras, contempla la suspensión temporal de derechos constitucionales, como la libertad de reunión y manifestación, además de permitir detenciones e interrogatorios sin orden judicial, como parte de la estrategia para combatir a las pandillas.

Las autoridades señalaron que la decisión se tomó en el contexto de motines registrados en tres centros penitenciarios, donde integrantes de estos grupos criminales retuvieron a 46 personas para exigir el traslado de sus líderes a cárceles con menores medidas de seguridad.

Arévalo afirmó que la situación en los penales ya fue controlada. “Se ha restablecido el control total del Estado sobre las cárceles; los criminales están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley”, declaró.

La escalada de violencia incluyó ataques armados simultáneos en la capital guatemalteca y municipios cercanos. De acuerdo con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, además de los ocho policías asesinados, se reportan 10 agentes heridos, un presunto pandillero muerto y varios detenidos.

“Han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, afirmó el funcionario, quien responsabilizó directamente a Barrio 18 y la MS-13, organizaciones señaladas por sicariato, extorsión y tráfico de drogas, y consideradas terroristas tanto por Guatemala como por Estados Unidos.

Ante la gravedad del escenario, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala pidió a su personal refugiarse y evitar concentraciones públicas, mientras que el gobierno guatemalteco anunció la suspensión de clases para este lunes como medida preventiva.

El decreto de estado de sitio representa una prueba crítica para el gobierno de Bernardo Arévalo, que enfrenta su mayor crisis de seguridad desde el inicio de su administración. Mientras el Ejecutivo apuesta por una respuesta contundente del Estado, el país observa con atención el impacto de la medida en derechos civiles, gobernabilidad y seguridad pública, en un contexto donde las pandillas mantienen una capacidad de fuego y organización que sigue desafiando a las autoridades.