Organizaciones internacionales y especialistas en derechos humanos advirtieron que la segunda presidencia de Donald Trump ha derivado en un deterioro acelerado de los derechos humanos, tanto dentro de Estados Unidos como en el plano internacional, con prácticas autoritarias, criminalización de comunidades vulnerables y una extralimitación en las detenciones masivas de migrantes.
En una conferencia conjunta, representantes de Amnistía Internacional USA, Human Rights Watch y la Alianza para la Diplomacia y la Justicia coincidieron en que el actual gobierno republicano ha impulsado una concentración de poder, la evasión de la rendición de cuentas y la erosión del Estado de derecho.
“Podemos afirmar categóricamente que el segundo mandato del presidente Trump ha sido un desastre en materia de derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero”, sostuvo Amanda Klasing, directora de Relaciones Gubernamentales y Defensa en Amnistía Internacional USA.
Klasing señaló que Estados Unidos muestra “patrones autoritarios familiares”, como el control de la información, la desacreditación de críticos y la criminalización de poblaciones marginadas, prácticas que, advirtió, envalentonan el autoritarismo a nivel global.
“Los espacios cívicos se están reduciendo. Se intimida a periodistas, se castiga a manifestantes, se silencia a universidades y a la sociedad civil, y se deshumaniza a comunidades enteras”, afirmó.
Por su parte, Jessica Stern, cofundadora de la Alianza para la Diplomacia y la Justicia, recordó que una orden ejecutiva del gobierno de Trump obligará a Estados Unidos a retirarse de 66 organizaciones internacionales o a congelar apoyos destinados a respuesta humanitaria, igualdad de género, salud pública y supervisión de tratados.
“Se han suspendido programas de ayuda a víctimas de violencia y discriminación, y se ha convertido el racismo, la homofobia y el sexismo en política exterior”, advirtió. Además, acusó al Departamento de Estado de desmantelar infraestructura clave que permitía a Estados Unidos apoyar la democracia y los derechos humanos en el extranjero.
Amnistía Internacional USA alertó que, aunque la criminalización inició contra migrantes y refugiados, las políticas se han extendido a comunidades afroamericanas, personas LGBTIQ, mujeres y activistas.
Klasing subrayó que la administración Trump ha desplegado operativos de detención a gran escala y de estilo paramilitar, lo que podría normalizar estas tácticas contra otros sectores de la población.
“La aplicación de la ley migratoria se ha transformado en un sistema que combina discrecionalidad, rapidez, miedo y deshumanización”, explicó.
En la misma línea, Uzra Zeya, presidenta de Human Rights First, denunció una “extralimitación sin precedentes” en 2025 contra personas migrantes y refugiadas, vinculada a ataques a las protecciones constitucionales.
Detalló que la aprobación de la Ley H.R.1 inyectó 170 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional, lo que implicó un aumento anual del 265 % en el presupuesto de detención del ICE, hoy 62 % mayor que el presupuesto total del Sistema Penitenciario Federal.
Actualmente, el ICE mantiene detenidas a alrededor de 70 mil personas, la mayor cifra en su historia. Zeya advirtió que 2025 fue el año más mortífero para personas bajo custodia migratoria, con 35 muertes, debido a la omisión del debido proceso.
Desde Human Rights Watch, Nicole Wittersheim calificó como “cruel” la política de enviar migrantes a terceros países, al denunciar casos como el de venezolanos enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a reportes de abusos.
“Estados Unidos está llevando a cabo desapariciones forzadas y violando la Convención contra la Tortura al enviar personas a lugares donde existe riesgo documentado de tortura”, afirmó.
Añadió que en 2025 el gobierno estadounidense pagó a países como Ruanda, Uganda, Costa Rica, Panamá y Guinea Ecuatorial para recibir deportados, incluidos ciudadanos mexicanos, en el marco de acuerdos bilaterales.
Wittersheim alertó también sobre los recortes a programas de apoyo a la libertad y la disolución de la USAID, lo que dejará en una situación más vulnerable a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Se han recortado fondos para documentar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, así como para brindar asistencia jurídica a víctimas”, concluyó.
Las organizaciones coincidieron en que, pese a la magnitud de los cambios impulsados por la administración Trump, el balance del primer año de su segundo mandato es alarmante, y advirtieron que el impacto de estas políticas podría extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos.