La sorpresiva renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, a tan sólo cuatro meses de haber sido designada, provocó un escenario de incertidumbre laboral y administrativa en el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde más de 60 trabajadores fueron cesados de manera inmediata y las oficinas de su ponencia quedaron selladas con emblemas oficiales, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento formal de las autoridades judiciales.
De acuerdo con información publicada por Proceso, la salida de Pérez Romo ocurrió sin previo aviso y hasta el momento no se han dado a conocer las razones que motivaron su dimisión.
La magistrada formaba parte del nuevo OAJ, instancia que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y su designación fue realizada directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La última vez que la magistrada se presentó en su oficina, ubicada en avenida Revolución 1508, al sur de la Ciudad de México, fue el 15 de diciembre de 2025, previo al inicio del periodo vacacional del PJF. Incluso, tres días antes, encabezó un convivio con su equipo de trabajo, en el que envió un mensaje de continuidad y pidió a sus colaboradores compromiso y profesionalismo rumbo a 2026, lo que sugiere que la renuncia no estaba contemplada en ese momento.
Pérez Romo presidía la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ, junto con Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez. Sin embargo, al reiniciarse las labores el 2 de enero, la magistrada ya no se presentó a trabajar, ni acudió a la sesión solemne de apertura del periodo ordinario del órgano administrativo.
Fue hasta la mañana del 6 de enero cuando dos abogadas del área Jurídica del OAJ acudieron a la ponencia para notificar la rescisión de contrato de todos los colaboradores. Así, el personal se enteró de manera abrupta de la salida de su titular, sin que mediara explicación previa ni protocolos de transición.
Ante la falta de responsables designados para el resguardo del mobiliario y equipos de cómputo, las oficinas correspondientes, ubicadas en los pisos 6 y 11, fueron cerradas y selladas, en una escena que los propios trabajadores compararon con la de un aseguramiento judicial.
La confusión se extendió cuando los empleados cesados acudieron al área de Recursos Humanos del PJF, en el complejo de Picacho-Ajusco, donde se les informó que no existía registro oficial de su baja. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha acercado para orientarles sobre los trámites a seguir.
Fuentes federales señalaron que algunos de los afectados cuentan con plaza de base en otras áreas del PJF, aunque no pueden reincorporarse plenamente hasta que su baja del OAJ se refleje en el sistema interno. En tanto, quienes no tienen base enfrentan un problema adicional: no pueden acceder a su seguro de retiro, conformado por aportaciones quincenales, al no contar con la hoja oficial de baja.
A la fecha, se desconoce el paradero de la magistrada Pérez Romo y el OAJ no ha recibido formalmente su escrito de renuncia, ya que éste fue presentado ante la SCJN. Ninguna de las dos instancias ha emitido un posicionamiento público sobre las causas de la dimisión ni sobre la situación laboral del personal afectado.
Consultado en dos ocasiones por Proceso, el OAJ respondió que no existe pronunciamiento oficial, debido a que no ha sido notificado formalmente de la renuncia, lo que mantiene en el limbo a decenas de trabajadores y evidencia fallas en la coordinación institucional del nuevo esquema administrativo del Poder Judicial.