Broxel ha sido una de las empresas más favorecidas en la asignación de contratos durante los gobiernos de Morena. Solo en 2024, la compañía obtuvo más de 500 millones de pesos en contratos con dependencias federales, en su mayoría mediante adjudicaciones directas, según registros oficiales.
La relación se remonta al menos a 2020, cuando ganó la licitación para proveer vales de despensa a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, amplió su presencia en la Administración Pública Federal, incluyendo dependencias como Bienestar, Salud, Educación, Hacienda, Gobernación y el IMSS Bienestar, este último con un monto comprometido superior a 2 mil 327 millones de pesos.
En diciembre de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro, abrió una investigación formal contra Broxel por presuntas anomalías en la licitación nacional de vales de despensa para 224 dependencias federales, el llamado “Valesgate”. Entre los señalamientos se encuentran la falta de claridad en los precios unitarios y dudas sobre el cumplimiento de las condiciones económicas del fallo.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente revisar el proceso, luego de que miles de trabajadores federales resultaran afectados por retrasos y fallas en la dispersión de los vales.
La “caja negra” financiera en la UdeG
A este historial se suman los contratos multianuales firmados con la Universidad de Guadalajara (UdeG) para la operación de vales de despensa y monederos electrónicos de combustible, vigentes de 2026 a 2028. Estos acuerdos no establecen montos máximos ni mínimos, lo que especialistas han calificado como una “caja negra” financiera, ya que el ingreso real de la empresa depende del volumen de recursos públicos que se administren mes con mes.
Estimaciones conservadoras indican que Broxel podría manejar más de mil millones de pesos mensuales solo por concepto de vales y combustible universitario, sin que esa cifra quede explícita en los contratos.