Aunque el principio de “salud para toda la población” figura como eje de la política pública federal, el acceso efectivo a servicios médicos de especialidad y alta especialidad continúa siendo una barrera para millones de mexicanos sin seguridad social, de acuerdo con evaluaciones internas del sector salud y datos oficiales.
Información del Sistema de Información de la Secretaría de Salud revela que el gasto de bolsillo per cápita de la población sin seguridad social pasó de 4 mil 421 pesos en 2019 a 5 mil 918 pesos en 2023, un incremento de 34%. Este aumento refleja el esfuerzo económico que realizan personas de bajos ingresos para acceder a hospitales de tercer nivel, muchas veces ubicados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen.
La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) reconoce, en una evaluación del programa presupuestario E023 Atención a la Salud fechada el 15 de abril de 2025, que los pacientes sin seguridad social con padecimientos de especialidad y alta especialidad no acceden de manera efectiva a estos servicios, pese a los avances registrados en años recientes.
El documento atribuye esta situación a la transición epidemiológica y demográfica del país, marcada por el predominio de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, padecimientos cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y enfermedades hepáticas, que han incrementado la demanda de atención especializada, particularmente entre la población sin cobertura institucional.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México 64.6 millones de personas carecen de seguridad social. De ese universo, se estima que alrededor de 3.2 millones requieren atención médica de tercer nivel. La evaluación señala que entre 5% y 10% de la población con necesidades de salud solicita servicios de especialidad en unidades de alta complejidad.
La brecha en el acceso, lejos de reducirse, se ha ampliado. Entre 2016 y 2018, la carencia de acceso a servicios de salud se ubicaba entre 15.6% y 16.2%, pero para 2020 se elevó a 28.2%, lo que equivale a 35.7 millones de personas. El impacto fue mayor en la población en pobreza extrema, cuyo nivel de carencia pasó de 25.6% en 2019 a 57.3% en 2020.
Uno de los factores estructurales identificados es la concentración de la oferta de servicios de alta especialidad en la Ciudad de México. La falta de hospitales de este nivel en diversas entidades obliga a los pacientes a desplazarse largas distancias, lo que genera saturación en los institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia.
Si bien en los últimos años se han creado y fortalecido hospitales regionales de alta especialidad, estos solo operan en seis de las 32 entidades del país, lo que mantiene amplias zonas sin cobertura especializada. Datos del Coneval indican que en 2020 el tiempo de traslado hacia unidades de tercer nivel oscilaba entre 30 minutos y dos horas en zonas urbanas, mientras que en estados del norte y sur del país podía superar las tres horas por carretera.
La falta de acceso también ha impulsado el crecimiento de la atención privada. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, 30.4% de la población recibió atención médica en servicios privados, porcentaje que se elevó a 35.6% entre quienes no cuentan con seguridad social.
A este panorama se suma la variabilidad presupuestal en instituciones clave. La Cuenta Pública muestra que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío registró una reducción en su presupuesto ejercido, al pasar de mil 743.9 millones de pesos en 2021 a mil 564.9 millones en 2024. En el Instituto Nacional de Cancerología, el gasto disminuyó de 2 mil 759.9 millones de pesos en 2020 a 2 mil 424.6 millones en 2023, con un repunte en 2024, cuando alcanzó 3 mil 183.3 millones.
Las evaluaciones oficiales vinculan estas inconsistencias presupuestales con carencias recurrentes de medicamentos, insumos y equipamiento en hospitales de alta especialidad, lo que impacta tanto en la atención a pacientes como en las condiciones laborales del personal de salud.
La propia Secretaría de Salud ha identificado como principales retos del sistema de alta especialidad el rezago en la atención, la baja cobertura del programa, la insatisfacción de los usuarios y el incremento del gasto de bolsillo de las familias. A ello se suman deficiencias en equipamiento, recursos humanos, coordinación interinstitucional y procesos administrativos, así como el envejecimiento del equipo médico y la creciente carga de enfermedades crónicas.
El diagnóstico institucional concluye que, mientras no se amplíe la capacidad instalada y se garantice un financiamiento sostenido, el derecho a la salud para la población sin seguridad social, especialmente en el nivel de alta especialidad, seguirá siendo una promesa más en el papel que en la práctica.