La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación en contra del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, tras denuncias presentadas por dos regidoras del Ayuntamiento y una activista, quienes lo acusan de acoso, violencia política de género, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones públicas.
El caso quedó registrado bajo la carpeta 2809/2025-DX, integrada por la Vicefiscalía de Investigación Regional, luego de que las denunciantes acudieran el pasado 10 de diciembre a presentar formalmente sus señalamientos.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la existencia de las denuncias y aseguró que la investigación se llevará a cabo con plena autonomía, sin criterios políticos o partidistas, aun cuando las regidoras pertenecen a PRI y Morena, el mismo partido que el alcalde denunciado.
“Lo que quiero garantizar es que la Fiscalía tendrá absoluta libertad en la investigación y que no habrá ningún criterio político-partidista”, afirmó el mandatario estatal. Precisó que los señalamientos no corresponden a delitos sexuales, sino a posibles conductas de abuso de poder y violencia institucional en razón de género.
Regidoras denuncian hostigamiento y riesgo a su integridad
En su declaración, la regidora Alondra Romero Cordero sostuvo que desde octubre de 2024 el alcalde le negó de manera reiterada el uso de la voz en sesiones de cabildo, además de que se le retuvo su salario durante cinco quincenas consecutivas. Añadió que, desde marzo de este año, se le impidió el acceso físico a la sala de regidores.
La denunciante afirmó temer por su integridad física y señaló que un familiar suyo recibió mensajes de texto con amenazas directas, en los que se advertía que debía “calmarla” o ella podría sufrir un “levantón” o “amanecer colgada”.
Por su parte, la regidora Luz Elena Aguirre Sandoval denunció haber sido excluida de los canales oficiales de comunicación del ayuntamiento y bloqueada del teléfono personal del presidente municipal, lo que, dijo, le ha impedido ejercer sus funciones de manera institucional.
Indicó que tras votar en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos, su escuela de idiomas fue clausurada sin justificación, se le suspendió el servicio de agua y comenzó a enfrentar hostigamiento en servicios municipales, además de ataques sistemáticos en redes sociales, que atribuyó al alcalde y a su equipo.
Ambas regidoras aseguraron haber recibido mensajes anónimos con advertencias para “bajarle”, acompañadas de referencias explícitas a secuestros y agresiones previas ocurridas en el municipio.
Activista también denuncia amenazas
En la misma carpeta de investigación se integró la denuncia de la activista Maribel Flores Salazar, quien declaró haber sido amenazada en al menos cuatro ocasiones por personas que, según su testimonio, actuaban “de parte de Don Diego”.
Relató que en uno de los episodios recibió una llamada telefónica en la que un hombre describió con precisión la ropa que vestía en ese momento y le advirtió que dejara de apoyar a regidoras y empresarios del municipio.
Investigación se amplía a presunta extorsión a empresas
El gobernador Pablo Lemus vinculó este caso con otras denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Tequila por presuntos cobros irregulares a empresas, entre ellas la tequilera José Cuervo, que acusó al gobierno municipal de imponer un cobro de impuesto predial hasta 20 veces mayor al legalmente establecido, así como una multa superior a 60 millones de pesos.
La Fiscalía del Estado abrió una carpeta adicional por estos hechos, y el fiscal Salvador González de los Santos confirmó que en dicha denuncia se advierten posibles conductas constitutivas del delito de extorsión, tanto contra el alcalde como contra otros funcionarios municipales.