Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna, fue detenido por autoridades federales al ser identificado como presunto jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal Los Cabrera en Durango.
De acuerdo con información oficial, el detenido mezclaba actividades sindicales con presuntos actos de extorsión a comerciantes, ganaderos, transportistas y empresarios de la región, a quienes exigía cuotas bajo amenazas, según informes de seguridad.
Las autoridades señalan que el trabajo de la Centro Nacional de Inteligencia (CNI) permitió identificar rutas de cobro, estructuras de operación y presuntos vínculos del líder sindical con la red delictiva dedicada al lavado de dinero y al tráfico de drogas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló diversas cuentas y aseguró recursos vinculados a operaciones millonarias generadas por la organización criminal.
En el operativo fueron aseguradas armas largas, equipo táctico y documentación que, según la Fiscalía General de la República (FGR), refuerzan las acusaciones por delincuencia organizada y delitos financieros.
Tras la detención, el dirigente nacional de CATEM, Pedro Haces, aseguró que Rodríguez Ortiz “no forma parte de la dirigencia nacional” y sostuvo que la organización sindical “no protege ni solapa a delincuentes”. Sin embargo, fotografías difundidas muestran al detenido en actos públicos con dirigentes regionales del sindicato.
Investigación de largo alcance
“El Limones” era considerado una pieza clave en la estructura financiera de Los Cabrera y presuntamente operaba bajo órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, conocido como “El 03” o “El 300”, uno de los líderes visibles del grupo en Durango.
Autoridades federales indicaron que las operaciones del detenido alcanzaban también a Coahuila, donde se habrían detectado maniobras para el cobro de piso y la captación de recursos a través de actividades sindicales aparentes.
El caso podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión y en la ampliación de investigaciones sobre presuntos vínculos entre organizaciones sindicales y células delictivas en la región norte del país.