La Misión Civil de Observación documentó violaciones graves e irreparables a los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, además de un incremento en la violencia criminal e institucional en zonas antes consideradas de bajo riesgo.
El megaproyecto emblema del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya construcción comenzó en 2020, ya generó impactos socioambientales irreversibles, según organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Greenpeace México, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, y diversos centros de derechos humanos.
Escalada de violencia y presencia militar
El informe apunta a un desplazamiento de la actividad criminal, que antes se concentraba en Cancún y Playa del Carmen, hacia municipios como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, coincidiendo con el avance de la obra.
Las organizaciones advirtieron que la ocupación militar ha elevado la percepción de inseguridad e impunidad, además de documentar intrusiones en predios privados, ruptura de cercas, abandono de materiales y afectaciones directas a parcelas ejidales. En tramo 7, comunidades denunciaron la destrucción de terrenos productivos y la apropiación de agua en localidades de Calakmul, donde pozos y jagüeyes terminaron secos.
Daños ambientales irreversibles
La misión corroboró una degradación ambiental acelerada vinculada a la obra principal y a sus proyectos paralelos. Entre los daños identificados destacan:
- Deforestación de más de 11 mil hectáreas de selva.
- Fragmentación de ecosistemas y pérdida de conectividad ecológica.
- Destrucción de cenotes y cavernas, afectación de humedales y contaminación del acuífero.
- Daños al sistema hidrológico por obras que alteraron flujos naturales en zonas como el estero de Chaac.
Las inundaciones de 2023 y 2024 en Bacalar y Chetumal fueron señaladas como resultado de esas intervenciones.
El documento responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y señala omisiones de Semarnat y Profepa, pese a que la Península de Yucatán forma parte de la Selva Maya, el segundo macizo forestal tropical más grande de América Latina.
Boom inmobiliario y urbanización irregular
El anuncio del Tren Maya detonó un boom inmobiliario sin control, con incrementos de hasta 400 % en el valor de la tierra desde 2019. Las organizaciones advierten que la construcción del Aeropuerto de Tulum profundizó esta especulación.
Entre Cancún y Tulum, principalmente a lo largo de la Carretera Federal 307, se consolidó un corredor de urbanización irregular donde proliferan hoteles, condominios, desarrollos residenciales y centros comerciales, muchos de ellos sin permisos ambientales ni licencias de construcción.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entre 2023 y 2024 se contabilizaron más de 600 proyectos en la zona.
Sin acciones de mitigación
A pesar del cúmulo de afectaciones, el informe afirma que no existe ninguna acción de mitigación ambiental en los tramos evaluados, mientras que el impacto social sobre comunidades rurales y pueblos mayas continúa en aumento.
