La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la captura del empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, a quien se le atribuye presunta participación en operaciones de tráfico de drogas, armas y combustible entre México y Guatemala.
De acuerdo con la investigación federal, Rocha Cantú, fundador del conglomerado Ignite Group y con presencia en sectores energético, hotelero y de entretenimiento, habría utilizado una red de empresas para facilitar la movilización de mercancías ilícitas a través de la frontera sur. La FGR sostiene que las operaciones se realizaban mediante rutas que han sido históricamente empleadas por grupos criminales dedicados al narcotráfico y al robo de hidrocarburos.
Las pesquisas señalan que el empresario habría mantenido vínculos operativos con células delictivas responsables del trasiego de combustible robado hacia Centroamérica, así como del transporte de armas y estupefacientes con destino a México. La Segunda Sala Penal del Centro de Justicia Penal Federal ya habría emitido órdenes de aprehensión relacionadas con estos hechos, según fuentes cercanas al caso.
La controversia estalla en un momento en que Rocha Cantú buscaba consolidar la presencia internacional de Miss Universo, certamen que adquirió en 2023, y que se ha visto acompañado de cuestionamientos mediáticos y financieros por parte de excolaboradores y exconcursantes.
La investigación también menciona posibles inconsistencias en la estructura corporativa de las empresas vinculadas al empresario, así como una supuesta estrategia para encubrir movimientos financieros con recursos de procedencia ilícita. Hasta ahora, Rocha Cantú no ha emitido postura pública sobre las acusaciones.
De confirmarse los señalamientos, el caso representaría uno de los episodios más relevantes en los últimos años sobre presuntos nexos entre figuras del espectáculo y el crimen organizado, un fenómeno que la FGR ha señalado como recurrente en industrias con alto flujo de capital.
La dependencia federal continuará con las diligencias para el cumplimiento de las órdenes judiciales y la integración de datos de prueba adicionales.