A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el caso vuelve a sacudir el escenario político y judicial del país. Este sábado fue detenido en Tijuana Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado por el Gobierno federal anterior como presunto segundo tirador en el magnicidio del candidato presidencial del PRI ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Baja California.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió el 8 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, en la colonia Los Reyes, en Tijuana. Elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la captura y el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en esa misma ciudad fronteriza.
Una acusación reactivada
El nombre de Sánchez Ortega cobró relevancia pública en septiembre de 2024, cuando la entonces secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, afirmó en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que existían 123 pruebas contra él, 50 de ellas calificadas como “contundentes”, para acreditarlo como coautor material y presunto segundo tirador del atentado contra Colosio.
Sin embargo, en aquel momento el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, negó librar la orden de aprehensión, decisión que fue confirmada por un tribunal colegiado. Pese a ello, la Fiscalía interpuso recursos y mantuvo la acusación viva.
El arresto de este fin de semana revive uno de los episodios más oscuros de la política mexicana y alimenta las interrogantes que persisten desde 1994: ¿hubo más de un tirador?, ¿falló el Estado en su deber de esclarecer plenamente el crimen?
El caso Aburto, aún sin cerrar
La detención ocurre en un contexto de nuevos capítulos judiciales alrededor del asesino confeso, Mario Aburto. En octubre de 2023, una resolución del Poder Judicial abrió la puerta para revisar la pena impuesta y eventualmente liberarlo al considerarse la legislación aplicable en Baja California, que fijaba 30 años de prisión, en lugar de la sentencia federal de 45 años.
No obstante, la FGR logró frenar la medida, y la Suprema Corte ordenó reponer el proceso para escuchar a la familia de Colosio. Con ello, Aburto permanece en prisión, a 31 años de haber sido sentenciado por homicidio calificado.
Un caso que sigue marcando a México
En el país, el asesinato de Colosio representa una herida histórica que no ha terminado de cerrar. Cada avance judicial provoca nuevas tensiones políticas y sociales, y la tesis del “asesino solitario” jamás ha convencido del todo a la opinión pública.
La captura de un exagente del aparato de inteligencia del Estado mexicano como presunto implicado vuelve a poner en la mesa las dudas sobre la operación institucional de aquella época, y aviva las expectativas por conocer si ahora sí habrá una verdad definitiva en uno de los magnicidios más emblemáticos de México.
El expediente Colosio, tras 31 años, sigue abierto. Y la historia continúa escribiéndose.