Por más de dos décadas, Michoacán ha sido laboratorio de sucesivas estrategias federales de seguridad. Pese a los cambios de Gobierno, anuncios de nuevos planes y el despliegue constante de fuerzas armadas, el Estado continúa sumido en una espiral de violencia marcada por la disputa de grupos criminales, extorsiones y asesinatos de figuras públicas y líderes sociales.
La historia reciente de la entidad está atravesada por operativos militares y promesas de pacificación. Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien inició en Michoacán la llamada “Guerra contra el Narco” en 2006, se desplegaron en promedio mil 593 militares al año. Con Enrique Peña Nieto la cifra se duplicó hasta alcanzar los 5 mil 29 efectivos anuales, en respuesta al surgimiento de grupos de autodefensa que aseguran haber combatido a “Los Caballeros Templarios” y su líder, Servando Gómez “La Tuta”. En 2014, el entonces mandatario federal creó la Comisión para la Seguridad de Michoacán y envió a Alfredo Castillo como comisionado, en un intento de contener la crisis.
La estrategia militarizada se mantuvo en la administración de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que fueron enviados a la entidad, en promedio, 3 mil 372 elementos cada año. En contraste, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició el pasado 1 de octubre, se han desplegado mil 310 efectivos.
La política de seguridad de la 4T también dejó como resultado la construcción de 65 bases mixtas para la operación conjunta de fuerzas militares y estatales. De ellas, 23 se ubican en la región de Tierra Caliente, epicentro de recientes episodios de violencia extrema. En esta zona fueron asesinados, con menos de dos semanas de diferencia, el líder limonero Bernardo Bravo y el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en medio de una escalada de extorsiones contra productores agrícolas.
Pese a ello, los esfuerzos oficiales parecen no traducirse en control ni tranquilidad. En su primer mes de gestión, la Secretaría de Seguridad federal, encabezada por Omar García Harfuch, anunció un operativo para contener los cobros ilegales al sector limonero. Sin embargo, los ataques y asesinatos continúan.
La presidenta Sheinbaum presentó recientemente el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, que contempla el despliegue de integrantes de su gabinete para coordinar acciones con autoridades locales con el objetivo de frenar la crisis. El Gobierno federal asegura que se trabaja en una estrategia integral; no obstante, los hechos en el territorio muestran que la violencia no cede.
Entre despliegues militares, creación de comisiones y nuevos planes federales, la población michoacana sigue viviendo bajo la sombra de la inseguridad y la incertidumbre. Dos décadas después, la pregunta permanece: ¿cuántas estrategias más necesita Michoacán para recuperar la paz?