El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos, destapó de nuevo la crisis de seguridad en Michoacán y las advertencias que el propio edil había lanzado en los meses previos sobre la presencia de grupos armados con entrenamiento extranjero operando en la región.
Manzo, conocido por su discurso frontal contra el crimen organizado y apodado en redes como “el Bukele mexicano” por los operativos municipales desplegados contra células delincuenciales, fue atacado a tiros frente a cientos de asistentes. El presunto agresor fue abatido por el equipo de seguridad del edil en el mismo lugar.
Denuncias ignoradas
En julio, el alcalde había señalado públicamente la existencia de un campo de entrenamiento criminal en la comunidad de Capácuaro, donde presuntamente operaban paramilitares colombianos y venezolanos, así como excombatientes que habrían participado en la guerra de Ucrania. Incluso señaló que el grupo contaba con adiestramiento militar y acceso a armamento táctico avanzado.
“Apesta a operación encubierta”, advirtió entonces, al exigir la intervención del gobierno federal y asegurar que Michoacán enfrentaba una escalada de violencia vinculada a células con formación internacional.
A estas denuncias se sumaban señalamientos constantes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y remanentes de Los Caballeros Templarios, cuyos enfrentamientos por el control de la zona han dejado un rastro de violencia en la región.
Exigencias de apoyo federal
El alcalde había solicitado apoyo al gobierno federal en diversas ocasiones para contener la ola criminal que afecta al municipio, señalando insuficiencia de recursos y personal para enfrentar a grupos armados de alto poder.
“Hemos hecho lo que está en nuestras manos, pero necesitamos respaldo real”, escribió en su última publicación sobre seguridad, apenas semanas antes del ataque.
Protestas e indignación
El asesinato generó conmoción en Michoacán y en todo el país. En Uruapan y Morelia se registraron movilizaciones y vigilias para exigir justicia y garantías para las autoridades municipales que enfrentan al crimen organizado.
Organizaciones civiles, líderes políticos y ciudadanos han reclamado una investigación exhaustiva, mientras crecen las críticas por la falta de respuesta federal ante las alertas que Manzo hizo públicas meses atrás.
“El país no puede normalizar que maten a quienes defienden a su comunidad”, se escuchó en las protestas convocadas tras su muerte.
El crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de actores extranjeros en el conflicto criminal mexicano y reabre el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a autoridades locales en regiones bajo conflicto armado.
La Fiscalía estatal aseguró que investiga la posible vinculación del ataque con los grupos señalados por el alcalde. Mientras tanto, la población de Uruapan permanece en luto y con un mensaje que se repite en calles y redes: “Si matan a quienes denuncian, ¿qué le queda al pueblo?”