El país atraviesa una profunda crisis de justicia y seguridad, advirtió Jorge Álvarez Máynez al emitir una severa crítica contra la actitud de los partidos que hoy integran el poder. En alusión al reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, Má­y­nez afirmó que lo que ha emergido alrededor del crimen es “un circo que le falta al respeto a las víctimas” y que, en lugar de brindar respuestas y soluciones, “mancha su memoria con estridencia y odio”.

El dirigente del partido Movimiento Ciudadano acusó directamente al PRIAN y al oficialismo encabezado por Morena de haber convertido el asesinato de Manzo en un espectáculo político.

“Son unos impresentables”, enfatizó Má­y­nez al reprochar lo que considera una politización del dolor ajeno.

¿Qué está en juego?

El homicidio del alcalde de Uruapan ha encendido alarmas en diversos frentes:

  • Manzo fungía como funcionario local en un contexto de creciente violencia e impunidad en Michoacán, lo cual pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar seguridad en territorios vulnerables.
  • Má­y­nez sostiene que las múltiples peticiones de apoyo por parte del alcalde habrían sido ignoradas.
  • Al tiempo que se respeta el dolor de la comunidad de Uruapan, la declaración de Má­y­nez suma una voz crítica que lo que demanda no es sólo castigo, sino un cambio sistémico.

Según las declaraciones del político, no se trata de “más discursos” ni de “cascadas mediáticas”, sino de acciones concretas: protección a funcionarios vulnerables, coordinación entre niveles de gobierno, atención a las alertas tempranas, y, sobre todo, respeto al dolor de las víctimas.

Para Má­y­nez, que se repita este tipo de tragedia sin que haya una reacción verdaderamente transformadora significa que el sistema político está fallando a la ciudadanía.

La frase de Jorge Álvarez Máynez “un circo que le falta al respeto a las víctimas” va más allá de una acusación partidista: es un espejo que exige que los gobiernos, de cualquier signo, asuman responsabilidad concreta. El dolor de una comunidad y la muerte de un edil por cumplir su cargo, no pueden ser usados como plataforma de campaña, ni convertirse en cifras para titulares. Tienen que provocar verdad, reparación y cambio institucional.