Un bloque de organizaciones de la sociedad civil, académicos, litigantes y universidades que impulsan la Propuesta Ciudadana de Reforma al Poder Judicial de Jalisco advirtió que el dictamen que intentan sacar PAN y Morena en el Congreso del Estado no responde a la agenda ciudadana ni a los principios de independencia, imparcialidad, profesionalismo e integridad que demandan para la justicia local.

De acuerdo con su posicionamiento, estas organizaciones señalan que la iniciativa presentada por el gobernador Pablo Lemus fue construida con su participación, mientras que PAN y Morena buscan imponer una ruta que les permitiría controlar la selección de perfiles para juzgadores.

Por ello, llamaron a las fuerzas políticas a reabrir el diálogo y construir consensos para aprobar “la mejor reforma posible”.

Los 10 puntos “irrenunciables” que debe incluir el dictamen

  1. – Metodología única de evaluación elaborada por universidades de Jalisco, con escrutinio público riguroso y verificable.
  2. – Comités de evaluación independientes y que cada poder proponga el mismo número de candidaturas.
  3. – Integridad comprobable de aspirantes (declaración 3 de 3 y sin antecedentes graves).
  4. – Máximo dos candidaturas por cargo para favorecer el voto informado.
  5. – Campañas con contenidos sustantivos sobre justicia; no frívolas ni guiadas por mercadotecnia.
  6. – Paridad de género efectiva, con distritos diferenciados para mujeres y hombres.
  7. – Adscripción judicial por méritos de evaluación, no por geografía electoral, porcentajes ni azar.
  8. – Tribunal de Disciplina Judicial no persecutor, con prohibición expresa de sancionar criterios jurisdiccionales.
  9. – Juicio local de protección de derechos humanos como garantía efectiva ante vulneraciones.
  10. – Incorporar el Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial para dar coherencia institucional.

Las organizaciones recordaron que el plazo constitucional para aprobar la reforma venció en marzo pasado y que, a más tardar en mayo de 2026, debe estar lista la legislación secundaria para organizar el proceso electoral judicial de 2027. Reiteraron que no renunciarán a la defensa de estos principios “independientemente de quién los promueva”.