La violencia volvió a golpear al campo mexicano. El asesinato del productor de limón y líder agrícola Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el lunes en Los Tepetates, Michoacán, ha vuelto a poner sobre la mesa el poder de las organizaciones criminales sobre la economía rural. Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, había denunciado públicamente las extorsiones, amenazas y cobros de cuotas que sufren los agricultores de la región a manos del crimen organizado.
El homicidio ocurrió en una carretera cercana a la frontera entre el Estado de México y Michoacán, donde su cuerpo fue hallado dentro de su propio vehículo. Horas después, fuerzas federales y locales detuvieron a Rigoberto López Mendoza, señalado por las autoridades como autor material del crimen. López portaba credenciales que lo identificaban como miembro de la misma asociación que presidía Bravo y, según fuentes locales, sería operador de Los Blancos de Troya, una célula ligada a Los Viagras y al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un mercado controlado por el crimen
El homicidio de Bravo coincide con un incremento del 58.5% en el precio del limón en el último año, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Aunque la inflación general del país se desaceleró a 4.44% en septiembre, el costo del cítrico se disparó debido a las extorsiones que productores e intermediarios sufren en Michoacán, donde deben pagar “cuotas” por cosechar y empacar.
La situación es tan grave que los cargamentos de limón son escoltados por la policía en sus trayectos a distintas regiones del país. El crimen organizado ha extendido sus operaciones de cobro también a otros productos de exportación como el aguacate, el plátano, el tomate y el mango.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) estima que el impacto económico de la violencia en México alcanzó los 4.6 billones de pesos en 2022, equivalentes al 18.3% del PIB nacional, reflejo de cómo las organizaciones criminales han pasado de ser un problema de seguridad a convertirse en un factor distorsionador de la economía.
“No puede la violencia seguir dominando”
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, condenó el asesinato del líder agrícola y llamó a poner fin a la impunidad. “La violencia no puede seguir dominando nuestro país”, expresó. Bravo fue también presidente de la Asociación de Silvicultores de Apatzingán y un promotor activo del desarrollo productivo en Tierra Caliente.
En sus últimos mensajes en redes sociales, el productor había advertido que él y sus compañeros vivían “permanentemente secuestrados” por las cuotas del crimen organizado. “Exigimos acciones concretas y coordinadas que protejan nuestra actividad productiva y la economía de toda la región”, escribió semanas antes de ser asesinado.
Una región bajo fuego
El homicidio de Bravo se suma a una serie de hechos violentos que golpean al estado. Apenas este domingo, los cuerpos de dos mujeres y un hombre, de entre 15 y 23 años, fueron encontrados con impactos de bala en Jacona. Horas antes, un policía municipal fue asesinado en Zamora.
Con estos episodios, Michoacán reafirma su lugar como una de las regiones más violentas del país, donde los grupos criminales no solo disputan el control territorial, sino también los circuitos productivos que sostienen la economía local.
Mientras el precio del limón sigue en ascenso y los productores viven bajo amenaza, la muerte de Bernardo Bravo deja al descubierto una realidad cada vez más alarmante: el crimen organizado no solo controla rutas, sino también mercados enteros del campo mexicano.