A un año del asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos y líder religioso en los Altos de Chiapas, el caso judicial sigue sin responder la principal incógnita: ¿quién ordenó su muerte?
El homicidio del párroco, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, mantiene abiertas heridas y cuestionamientos en una entidad marcada por la violencia y los conflictos sociales. Aunque su agresor material, identificado como Edgar N., fue sentenciado a 20 años de prisión en agosto pasado, un juicio abreviado permitió cerrar el proceso sin esclarecer la autoría intelectual.
Un crimen con muchas sombras
De acuerdo con las investigaciones, Edgar N., originario de Nuevo León y con antecedentes por narcomenudeo, llegó a Chiapas semanas antes del homicidio y fue contratado para asesinar al sacerdote. Las cámaras de seguridad registraron el ataque cuando el padre Marcelo salía de oficiar misa en el barrio de Cuxtitali.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso debido a su relevancia social y eclesiástica, pues incluso el papa Francisco manifestó su solidaridad con la Iglesia mexicana tras el crimen. Sin embargo, el proceso judicial se resolvió mediante la admisión de culpa del agresor, lo que redujo la pena y evitó un juicio público.
Aun así, la investigación permanece abierta: existen dos órdenes de aprehensión pendientes contra presuntos cómplices, uno habría vigilado los movimientos del sacerdote y otro habría participado en la huida, ambos prófugos de la justicia.
Críticas al proceso judicial
Organizaciones civiles como el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifestaron preocupación por el uso del juicio abreviado, al considerar que limita el derecho a la verdad y perpetúa la impunidad.
De acuerdo con dichas agrupaciones, este mecanismo impidió conocer en audiencia pública las pruebas y los posibles vínculos entre el homicidio y los conflictos sociales que el padre Marcelo acompañaba, particularmente en el municipio de Pantelhó, donde se enfrentaban grupos de autodefensa y autoridades locales señaladas de colusión con el crimen organizado.
Un sacerdote incómodo
El padre Marcelo fue reconocido por su papel en la defensa de los pueblos originarios y su acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia en la región de Los Altos. Su voz crítica incomodó tanto a caciques locales como a estructuras criminales.
En 2022 enfrentó una orden de aprehensión por presunta desaparición de personas en Pantelhó, acusación que él mismo negó y atribuyó a una campaña para silenciarlo. “No voy a huir porque soy inocente”, declaró entonces.
Defensores de derechos humanos han señalado que su asesinato se enmarca en una lucha más amplia: la defensa de las comunidades frente a intereses políticos y económicos en el estado.
Chiapas, entre la violencia y la impunidad
El crimen del sacerdote ocurrió en medio de una crisis de violencia en Chiapas que comenzó en 2021 y persiste hasta hoy. Aunque los enfrentamientos han disminuido, continúan los reportes de narcobloqueos, vehículos calcinados y desplazamientos forzados en regiones como la Sierra y la frontera con Guatemala.
Las promesas de las autoridades estatales para atender la inseguridad no han resuelto el problema. Incluso, se han denunciado abusos y violaciones a derechos humanos por parte del nuevo cuerpo de seguridad estatal, conocido como los Pakales.
Un aniversario de memoria y exigencia
Este 20 de octubre, familiares, feligreses y defensores de derechos humanos se reunirán en San Andrés Larráinzar, tierra natal del padre Marcelo, para realizar una peregrinación en su memoria.
A un año de su asesinato, la tumba del sacerdote sigue siendo punto de encuentro y de reclamo: la justicia no está completa. Su familia y las comunidades que acompañó insisten en la misma pregunta que, hasta hoy, no tiene respuesta:
¿por qué lo mataron?