La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un giro en su dinámica interna al aceptar por primera vez una solicitud para celebrar una audiencia pública bajo su nueva integración, un ejercicio de apertura que busca transparentar la deliberación judicial en casos de interés general.
El ministro presidente Hugo Aguilar anunció que el tribunal realizará una audiencia sobre la acción de inconstitucionalidad 184/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán (CDHM). El organismo impugnó una reforma local que la obliga a efectuar visitas semestrales a orfanatos, asilos, instituciones asistenciales y hospitales psiquiátricos, además de inspecciones trimestrales a las cárceles.
La CDHM argumenta que la disposición vulnera su autonomía y excede sus capacidades operativas, pues no cuenta con recursos suficientes para realizar tal número de visitas.
“Hemos decidido llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes”, declaró Aguilar durante la sesión. “Pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar en esta audiencia”, agregó.
El anuncio coincidió con manifestaciones frente al edificio de la Corte, una escena que, según el propio ministro, “se ha vuelto cotidiana” ante la presión de grupos que buscan aplazamientos o atracción de casos.
Niegan audiencia a las maquiladoras
En contraste con el gesto de apertura, el pleno de la Corte negó la solicitud de audiencia pública presentada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), junto con empresas como Samsung y Dish de México, que pedían exponer sus argumentos en la contradicción de criterios 8/2025.
El asunto, turnado a la ministra Yasmín Esquivel, involucra una disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que busca cobrar más de 50 mil millones de pesos por concepto de IVA no retenido. Las empresas sostienen que se trata de un doble cobro ilegal, pero la Corte resolvió en sesión privada el 29 de septiembre que “no ha lugar” celebrar una audiencia.
No habrá resolución escrita para explicar el rechazo, lo que ha despertado críticas por falta de transparencia. En su Acuerdo General, la Corte no especifica si las audiencias públicas pueden aplicarse a contradicciones de criterios, ya que estos casos no enfrentan a partes directas, sino que definen jurisprudencia aplicable a futuros litigios.
Más solicitudes en lista de espera
Otro expediente con petición formal de audiencia pública es el relativo a la prisión preventiva oficiosa, aunque aún no hay un proyecto de resolución en lista.
En paralelo, el presidente Aguilar ha sostenido encuentros informales con diversos colectivos que acuden a la sede del tribunal, entre ellos repartidores de plataformas digitales inconformes con el impuesto por “uso de infraestructura” que impuso la Ciudad de México, y jubilados del IMSS que reclaman la devolución de parte de sus Afores.
Ambos grupos lograron avances: los repartidores consiguieron aplazar la discusión del impuesto, mientras los jubilados obtuvieron la atracción de su caso.
El pasado 9 de octubre, el máximo tribunal también retiró un proyecto de sentencia que limitaba la participación de asociaciones civiles en amparos ambientales, luego de que diversas organizaciones solicitaron audiencia a la ministra Esquivel.
Durante los primeros años de este siglo, la Corte celebró audiencias públicas en temas de alto impacto, como la despenalización del aborto y reformas fiscales. Sin embargo, la práctica se abandonó por el alto costo de tiempo y recursos, dejando como única vía el envío de argumentos escritos mediante la figura de amicus curiae.
Con esta decisión, la nueva presidencia de Aguilar parece intentar revivir una tradición de apertura judicial, aunque los criterios para decidir quién puede ser escuchado siguen siendo, por ahora, un territorio en disputa.