Han pasado once años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En este tiempo, tres presidentes han encabezado el país, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero las investigaciones continúan sin esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables.
El expediente permanece marcado por la ausencia de sentencias condenatorias. Aunque se han abierto procesos judiciales contra algunos implicados, ninguno ha recibido una resolución definitiva por la desaparición de los normalistas.
Entre las principales líneas de investigación pendientes se encuentra el análisis de la telefonía celular, que apunta a que varios dispositivos de los jóvenes permanecieron activos tras su desaparición. También continúa sin resolverse el acceso a más de 800 folios del Ejército, considerados claves por los familiares, y cuya falta de apertura llevó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a abandonar el caso en 2023.
Otra línea inconclusa es la relacionada con los estudiantes que habrían sido llevados a la comandancia municipal de Iguala, de donde fueron sacados sin que hasta la fecha se conozca su destino. La implicación de funcionarios municipales, así como la presencia de mandos militares en la zona, sigue siendo un punto de opacidad.
El caso enfrenta además retos internacionales. La extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal señalado por actos de tortura en las indagatorias iniciales, continúa en trámite en Israel.
La falta de resultados ha desgastado a las familias de los 43 normalistas, quienes en más de una década han mantenido protestas y exigencias de verdad y justicia. Seis de los padres han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.
La llamada “verdad histórica”, presentada en 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue desestimada por organismos internacionales y por el GIEI, que documentaron tortura sistemática, ocultamiento de información y participación de agentes del Estado en el crimen. La Comisión de la Verdad, creada en 2018, concluyó que se trató de un crimen de Estado.
Hoy, el caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los símbolos más dolorosos de la crisis de desapariciones en México y un referente para los colectivos que, en todo el país, buscan a más de 100 mil personas ausentes.
