Desde 2018 y hasta diciembre de 2023, “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mantuvo un control férreo sobre las actividades ilícitas en Tabasco, hasta que un atentado provocó la fractura de la organización, según documentos de la Fiscalía General de la República (FGR). El exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, está vinculado como presunto líder de esta estructura criminal.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, Bermúdez Requena repartió el territorio entre sus lugartenientes, quienes le entregaban semanalmente dos millones de pesos en su domicilio particular, producto de la venta de droga, robo de gas LP, huachicol, cobro de piso a escorts, así como tráfico de migrantes y armas. Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, controlaba municipios como Huimanguillo, Paraíso y Emiliano Zapata, mientras que otro operador tenía bajo su mando zonas de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Jonuta.
El testigo de la FGR identificado como C. T. D. R., exsecretario particular de Bermúdez Requena, narró que en febrero de 2022 fue instruido para abandonar la organización, tras meses de conflictos entre los operadores. No obstante, continuó la explotación del huachicol hasta mayo de ese año antes de trasladarse a Mérida, Yucatán.
La ruptura interna se profundizó en diciembre de 2023, cuando un atentado contra Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”, evidenció la tensión entre Bermúdez y Pinto Madera. Durante la emboscada, Hernández Montejo y C. T. D. R. lograron sobrevivir pese a las heridas, pero el hecho detonó disturbios en Villahermosa, incluyendo quema de tiendas y bloqueos de avenidas.
El conflicto escaló hasta el hallazgo en enero de 2024 de las cabezas de dos policías estatales desaparecidos, enviadas como advertencia por Hernández Montejo. Según el testimonio de C. T. D. R., Bermúdez Requena intentó controlar la violencia antes de la visita del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y de la renuncia solicitada por el gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos. La tensión continuó hasta la detención de Ulises Pinto en julio pasado.
De la defensa presidencial a la extradición: El caso de Hernán Bermúdez Requena
Hace tres años, en octubre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió con vehemencia a su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. En su conferencia matutina, López Obrador desestimó los reportes de inteligencia que lo vinculaban con el crimen organizado, calificándolos como parte de una «campaña de la prensa conservadora» y defendiendo la integridad de su excolaborador, Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación.
El presidente afirmó que tanto él como Adán Augusto López eran «hombres honestos» y aseguró que su gobierno se regía por los principios de «no mentir, no robar y no traicionar».
Sin embargo, el tiempo ha dado un giro dramático a la situación. Este fin de semana, Hernán Bermúdez Requena fue arrestado en Paraguay, donde se había refugiado tras huir de la justicia mexicana, y fue expulsado hacia México. El exfuncionario, señalado como presunto líder del grupo criminal «La Barredora» —vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, enfrentará ahora cargos por delincuencia organizada, extorsión y secuestro. Su detención se produjo gracias a un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y paraguayas, que lo localizaron en un barrio a las afueras de Asunción.
La extradición de Bermúdez Requena contradice las declaraciones que el presidente López Obrador hizo en 2022, pues la detención y traslado del exfuncionario demuestran que las acusaciones en su contra no eran una simple «campaña mediática», como se aseguró en su momento. El caso de Bermúdez Requena pone en evidencia las contradicciones entre el discurso de «cero impunidad» del gobierno y la defensa que se hizo de algunos de sus allegados.