El robo de combustible en Tabasco vivió un repunte sin precedentes con la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Gubernatura en enero de 2019. De acuerdo con cifras oficiales de Pemex, las tomas clandestinas en la entidad aumentaron 167 por ciento en un solo año.
En 2018, último año del perredista Arturo Núñez Jiménez, se contabilizaron 201 piquetes a los ductos de la petrolera. Para 2019, primer año de la administración de López, ex Secretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores de Morena, el número ascendió a 536, lo que colocó a Tabasco como un foco rojo en el mapa del huachicol.
El incremento ocurrió en un contexto de fuerte presencia criminal. Informes militares de ese periodo identificaban a agrupaciones como “La Barredora”, vinculada a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al mando de Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”. También figuraban operadores como Carlos Tomás Díaz, “Tomásin”; Euler Ruvalcaba Colorado, “Comandante Rayo”, y Roger Pérez Salazar, “Profe”, jefe de plaza en Macuspana, Tacotalpa, Jalapa y Teapa, quien fue secuestrado por un comando armado.
Además, el control territorial se repartía entre líderes como Felipe Mollinedo Montiel, “Águila”, en Huimanguillo, y Eleazar Sierra Chávez, “Comandante Chelo”, en Playas del Rosario. Junto a estos grupos, operaban bandas independientes dedicadas al robo de hidrocarburos, encabezadas por personajes como Uriel García Flores, “Pescuezo”; Lucero Naranjo García, “La Patrona”; Tania Libertad Morales, “La Jefa”, y Gerardo Ovando Jiménez, conocido como “Yayo” o “Tigre”.
El aumento en el número de tomas clandestinas evidenció la compleja red delictiva que operaba en Tabasco durante el arranque del Gobierno de López Hernández, y que convirtió al Estado natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador en un punto crítico para la estrategia contra el huachicol.