En apenas dos días y a través de tres asambleas comunitarias, el Gobierno federal aprobó la construcción de la presa Margarita Maza, antes llamada Paso Ancho, en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca, pese a que el proyecto había sido cancelado en 2014 por irregularidades ambientales y jurídicas.
La consulta se realizó los días 6 y 7 de septiembre y, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), participaron representantes de 40 comunidades que emitieron mil 655 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones. Sin embargo, la dependencia no detalló en qué comunidades se llevaron a cabo las asambleas.
El proceso ha sido criticado porque difiere de los estándares internacionales que establecen que las consultas a pueblos indígenas deben ser previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas. La Conagua coordinó el ejercicio junto con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Gobierno de Oaxaca.
Viejos conflictos y advertencias de violencia
El aval ocurre en medio de un conflicto agrario de más de cinco décadas entre San Vicente Coatlán y Villa Sola de Vega. Autoridades del primero advirtieron, apenas cinco días antes de la consulta, que reiniciar la obra sin resolver la disputa territorial podría provocar enfrentamientos violentos, ya que parte de la infraestructura se levantaría en tierras bajo litigio desde 1970.
A la par, el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca recordó que la presa fue calificada en 2024 como inviable técnica, social y jurídicamente, además de costosa.
La obra, iniciada en 2012 como presa Paso Ancho, fue suspendida en 2014 por la Profepa al no contar con autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. También se detectaron irregularidades en los dictámenes de impacto ambiental. Pese a ello, la Conagua retomó el proyecto como parte del Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este año, el director general de Conagua, Efraín Morales López, anunció una inversión de 4 mil 600 millones de pesos, aunque en la plataforma Compras MX figura un monto de 7 mil 775 millones para la presa, el acueducto, la planta potabilizadora y las líneas de interconexión.
La presa tendría una altura de 72 metros, capacidad para almacenar 20 millones de metros cúbicos de agua y un gasto de mil litros por segundo. El Gobierno federal argumenta que con esta infraestructura se garantizaría el abastecimiento de agua para la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados por los próximos 50 años.
Falta de transparencia y alternativas
Ambientalistas como Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca, advierten que las presas suelen tener una vida útil de apenas 20 a 25 años, por lo que consideran que el proyecto representa un retroceso en la gestión hídrica.
El Observatorio Ciudadano sostiene que, sin un proceso de información ni consulta real a los pueblos originarios y comunidades afectadas, el proyecto parece emular “el desastroso Paso Ancho”. Por ello, demandan un diálogo abierto, la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional y la exploración de alternativas sustentables ante la crisis hídrica y el cambio climático.