El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tejió una red de complicidades que alcanzó a marinos, funcionarios, agentes aduanales, empresarios gasolineros y compañías importadoras, con la que se habría facilitado el ingreso ilegal de millones de litros de combustibles al País.
De acuerdo con la carpeta judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR), la estructura operó bajo la coordinación de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, jefes navales que se hicieron del control de las aduanas de Tampico, Altamira y Guaymas, donde colocaron a personal bajo su mando o susceptible de ser corrompido. Ambos son sobrinos políticos del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Entre las compañías señaladas se encuentran Intanza y Azteca Cone, con domicilios fiscales en Nuevo León, así como Mefra Fletes, registrada en Guadalajara y vinculada directamente con el CJNG.
El representante legal de esta última era el ex juez Anuar González Hemadi, destituido en 2017 tras favorecer a “Los Porkys”, un grupo de jóvenes acusados de violar a una menor en Veracruz. Mefra Fletes habría operado con al menos 15 empresas factureras y fantasmas.
Uno de sus socios, Eric Daniel Zamora Delgadillo, fue acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el CJNG a través de la firma Ecocarburante. Su nombre figura en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que sanciona a entidades relacionadas con delitos financieros y narcotráfico.
Operación desde puertos mexicanos y Houston
La trama también involucra a la compañía Ikon Midstream LLC, con sede en Houston, Texas, que habría comercializado en Estados Unidos los combustibles obtenidos ilegalmente.
Según registros de la aduana de Tampico, estas empresas introdujeron 14 buques que declararon transportar aditivos, aunque en realidad contenían gasolina. En total, entre 2024 y 2025 llegaron 31 embarcaciones con millones de litros de hidrocarburos.
En marzo pasado, la empresa Intanza también habría ingresado de manera ilícita diésel en el buque Torm Agnes al puerto de Guaymas, Sonora, pese a los operativos ya desplegados en Tamaulipas.
Las autoridades federales no sólo investigan la importación ilegal de combustibles, sino también posibles vínculos de la red con el tráfico de fentanilo, otro de los negocios prioritarios del CJNG.