La narcoguerra que enfrenta a las facciones conocidas como “La Mayiza” y “La Chapiza” ha dejado un saldo silencioso y devastador en Sinaloa: el desplazamiento forzado de cientos de familias que, tras abandonar sus hogares por la violencia, intentan rehacer su vida en asentamientos improvisados en Mazatlán.
Desde septiembre de 2024, cuando se recrudeció el enfrentamiento entre ambos grupos, comunidades enteras del sur del estado han tenido que huir dejando atrás sus casas, pertenencias y tierras. Una de las zonas que concentra este éxodo es la invasión conocida como Palmarés, donde familias levantan viviendas de madera y lámina en un intento desesperado por recuperar algo de estabilidad.
En este asentamiento, la incertidumbre es la regla. Las familias carecen de documentos que les otorguen certeza sobre la propiedad de los terrenos y viven en condiciones precarias. Pese a ello, reclaman acceso a derechos básicos como agua potable, energía eléctrica y seguridad. “Hay muchos niños aquí. Ya metimos el agua con esfuerzo, ahora queremos meter la luz”, contó otro de los desplazados.
Las solicitudes de estas familias a las autoridades locales son claras: permanecer en el sitio el tiempo que sea posible y, en la medida de lo viable, obtener facilidades para adquirir los terrenos que ocupan. “Estamos aquí batallando por un pedacito de tierra, lo que queremos es vivir en paz”, expresó otra de las personas entrevistadas.
Mientras tanto, la violencia en Sinaloa sigue cobrando vidas. En el último año, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado han dejado más de mil 500 homicidios, cerca de dos mil desapariciones y pérdidas económicas millonarias en diversos sectores.